Hermosillo, Sonora.- La LXIII Legislatura del Estado de Sonora clausuró esta tarde su segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año de ejercicio constitucional, con la aprobación, por mayoría, de la Ley 3 de 3, para que las personas con antecedentes de violencia familiar, delitos sexuales, violencia de género, deudores alimentarios y agresores por incumplimiento de obligaciones, no puedan ocupar cargos públicos o de elección popular.
La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presentó al Pleno el dictamen, previa solicitud a la Presidencia, por parte del diputado Jacobo Mendoza Ruiz, de incluir el asunto en el orden del día, para lo cual se dio un receso en la sesión, a efecto de que las y los integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, analizaran dicha petición.
La parte expositiva del dictamen establece que este se fundamenta en el escrito que, el 29 de noviembre de 2022, fue turnado a dicha dictaminadora, presentado ante esta Soberanía por las integrantes de la coordinación estatal del colectivo “Observatoria Ciudadana Todas_MX”, con iniciativa popular para que el Congreso del Estado legislara en materia de la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres.
En los considerandos del dictamen establece que el servidor público debe cumplir con ciertos requisitos que demuestren que tiene el perfil idóneo para ser designado o electo al cargo y que proyecte confianza, especialmente a los cargos de Diputada, Diputado, Gobernadora, Gobernador, Magistrada, Magistrado, Consejera o Consejero de la Judicatura, y quienes se desempeñen como regidoras o regidores, ya que estos deberes conllevan una gran responsabilidad ante la sociedad.
“Toda vez que son los responsables de velar por la protección y los derechos de las y los sonorenses, por lo tanto, las personas que aspiran a ocupar un cargo público, de acuerdo a la función a desempeñar, deben configurar un perfil libre de actos de violencia en razón de género y de no ser deudores alimentarios”, agrega.
Se considera que, a través de la 3 de 3 contra la violencia, se instrumenta una medida reglamentaria que posibilitará garantizar a la ciudadanía y a la sociedad en su conjunto, que las personas que los partidos políticos postulan en las candidaturas, no detenten antecedentes que, por su naturaleza, sean indicativos de que la persona aspirante a la titularidad de una candidatura a cargo de elección popular, es proclive a ejercer conductas constitutivas de violencia en contra de la mujer por razón de género, destaca en el dictamen.
En otro de los considerandos señala que se ha tomado en cuenta la importancia de fortalecer las instituciones públicas mediante reformas para que las personas que tengan antecedentes penales en materia de violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, y deudor alimentario moroso, no puedan participar dentro de los procesos de elección pública.
En todas las modificaciones relativas a la designación de comisionados del ISTAI, diputados, gobernador, magistrados y otros, se establece lo siguiente:
Deberá contemplar entre los requisitos de idoneidad para el cargo, no haber sido persona sancionada o condenada mediante resolución firme por violencia familiar o cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales contra la libertad sexual o la intimidad corporal y no ser deudor alimentario moroso, salvo que acredite estar al corriente del pago o que cancele en su totalidad la deuda, y que no cuente con registro vigente en algún padrón de deudores alimenticios.
En la discusión en lo particular del dictamen, la diputada Rosa Elena Trujillo Llanes reservó diversos artículos del proyecto y en todos propuso agregar: “no estar sujeto o vinculado a proceso”, postura que fue respaldada por la diputada Sagrario Montaño Palomares, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por considerar, expuso, que los derechos de las mujeres deben de ser protegidos por la Ley”.
Dichas reservas no contaron con los votos suficientes y el proyecto se aprobó por mayoría como lo presentó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.
