Alejandro Matty Ortega/Irreverente Noticias/Corresponsal en México
Ciudad de México (IN).- La hora del juicio llegó para el Grupo México.
La denuncia penal interpuesta por la 4T contra la poderosa transnacional minera propiedad de Germán Larrea, es el principio del fin.
Tras el anuncio de la titular de Semarnat, la empresa registró pérdidas millonarias en sus acciones.
Grupo México perdió 12,067 millones de pesos en valor de capitalización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).
Las víctimas del abuso, devastación, contaminacíón, muerte, corrupción e impunidad, alzarán la voz y exigirán justicia que será escuchada en todos los rincones del mundo.
Este medio binacional IRREVERENTE NOTICIAS, publicó un posicionamiento nacional de la Sección 65 donde pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador “reabrir todos los casos impunes de Germán Larrea”.
Lo anterior, porque “Larrea debe pagar por todos sus delitos en Sonora y México”.
En este sentido se pronunció la Sección 65 que enlistó una larga “estela de corrupción e impunidad del dueño de Grupo México coludido con autoridades de los tres niveles de Gobierno y Poderes de la Unión”.
Además piden al presidente que “no le tiemble la mano” y lleve a juicio al empresario.
Los mineros huelguistas de Cananea expresan que “una vez más el barón Germán Feliciano Larrea Mota Velazco, se ve envuelto en serias acusaciones que lo señalan en actos delictivos como ya es su costumbre”.
Por ello “es oportuno señalar que ahora no son las víctimas los que los acusan de innumerables atropellos, sino nada más y nada menos que el gobierno de la 4 Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
Lo anterior por desconocer los acuerdos firmados “por los directivos de Grupo México y el Gobierno federal de retirar las demandas por 5 mil millones de pesos, por el tramo 5 sur del tren Maya y la retención de recursos públicos propiedad del Estado mexicano, después de haber dado por terminado el contrato por incumplimiento.
Esto derivó que tomara posesión la Marina para continuar con este importante proyecto que beneficiaría a miles de mexicanos en el Sureste del país.
Precisan que “para nosotros, como víctimas de este barón Germán Larrea, no es nada nuevo, hay que recordar que aún tiene deudas pendientes no sólo en Sonora”.
Describen que la huelga que mantienen los mineros de Cananea pertenecientes a la Sección 65, misma que “desde su inicio fue legal luego de recorrer todos los tribunales en materia de trabajo el 14 de abril de 2009, así nos la teconocen y al mismo tiempo una jugada perversa e ilegal de parte de la empresa y autoridades del Trabajo con el apoyo y respaldo de unos de sus abogados más corruptos, Fernando Gómez Mont”.
El ex secretario de Gobernación en la administración de Felipe Calderón “y su porro Javier Lozano Alarcón; los 3 en la nómina de Grupo México los mismos que golpearon al SME y a Mexicana de Aviación”.
Ellos “nos robaron el estado de Derecho, al negarnos garantías judiciales, obstaculizando en todo momento el acceso a la justicia”.
Este grupo formuló “la terminación de la huelga por causas de fuerza mayor no contemplada en la ley y con una inspección por parte de sus cómplices de la Secretaría de Economía que nunca se llevó a cabo y que el día 6 de junio de 2010, rompiera la huelga con más de 5 mil elementos de la Policía Federal comandada por el hoy delincuente preso en EU, acusado por delincuencia organizada y narcotráfico, Genaro García Luna”.
Narran que “en ese entonces, el único que se pronunció por los mineros, aparte de sus dirigentes nacionales y locales, fue el presidente Andrés Manuel López Obrador”.
El presidente “calificó el acto como abuso de poder, por el tráfico de influencias y las malas decisiones de las autoridades”.
Sin embargo, “esto no limitó nuestra lucha como mineros, sino todo lo contrario, de la mano de nuestros dirigentes del Sindicato Minero Nacional buscamos la justicia en el plano internacional”.
De esta manera “fue como se llegó a la CIDH (Comisión Interamericana de los Derechos Humano), quien después de valorar nuestro caso en mayo del 2021, aceptó las graves violaciones a nuestros derechos humanos”.
En la estela de impunidad está la peor tragedia ambiental en la historia de la minería moderna de México.
En esta tragedia “se derramaron más de 44 mil metros cúbicos de acidulados de cobre cargados de metales pesados, esta pudo ser evitada si las autoridades hubieran atendido las demandas de los mineros de la Sección 65”.
Desgraciadamente, “el 6 de agosto de 2014 la vida les cambió y afectó severamente a más de 25 habitantes de los 8 municipios de la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi, quedando demostrado que los gobiernos de Enrique Peña Nieto fueron cómplices directos del barón Germán Larrea”.
El propio gobierno levantó la contingencia dejando “abandonados a su suerte a los afectados, sin remediar los ríos más importantes del estado de Sonora”.
De esta manera, “se les negó la reparación integral de los daños provocados al verter sustancias tóxicas cargadas de metales pesados y que hasta el día de hoy la empresa responsable Grupo México sigue gozando de total impunidad”.
El 9 de julio 2019, la empresa Metalurgia de Cobre S. A. de C. V. subsidiaria de Grupo México, derramó más de 3 mil litros de ácido sulfúrico al Mar de Cortés, sin que hasta el momento se le aplique un castigo.
Además de los innumerables volcamientos de las pipas de Ferromex que a diario transitan por las vías que conectan hacia el extranjero con Nogales y Agua Prieta.
En múltiples ocasiones han generado varios descarrilamientos y derrames en Esqueda, Sonora, Agua Prieta Naco y Santa Cruz, Nogales, sin que las autoridades se atrevan a tocar ni con el pétalo de una rosa.
Son innumerables los “actos delictivos los que se le atribuyen al barón, nunca olvidaremos el homicidio industrial causado en contra de los compañeros mineros de Pasta de Conchos en Coahuila, donde hasta la fecha siguen sepultados 63 de ellos bajo toneladas de odio y desprecio de este barón Germán Larrea, quien nunca hizo el intento de rescatarlos”.
Lo anterior, al contar siempre con el apoyo de la autoridad, “dando por terminada la búsqueda y cancelando el rescate al quinto día de la tragedia, olvidándose de sus viudas y los huérfanos”.
De igual manera, “las huelgas mineras de Taxco, Guerrero; Sombrerete, Zacatecas que desde su inicio fueron legales y hasta la fecha no ha habido autoridad que logre sentar al barón de la minera y pueda solucionar las 3 huelgas de las Secciones 17, 201 y 65 perteneciente al Sindicato Nacional que encabeza nuestro presidente y Secretario General, senador Napoleón Gómez Urrutia”.
Lis mineros de Cananea señalan “que este barón es y ha sido uno de los principales opositores a la 4 Transformació de nuestro país y enemigo público #1 de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que siempre ha manifestado su descontento hacia su persona, quien además públicamente y mediante una carta firmada por él, solicitó a los trabajadores del país no votar por nuestro presidente”.
Su temor más grande “fue ya no tener el control en la Presidencia y las Secretarías de Estado que siempre estuvieron a su favor en contubernio con los poderes Legislativo y Judicial que siempre estuvieron a su servicio”.
La corrupción permitió todos los privilegios “al barón que fueron desde no pagar impuestos hasta obtener concesiones mineras, carreteras, explotación de los recursos energéticos puertos marítimos, los que ha obtenido bajo la estela de la corrupción y siempre amparado por los gobiernos en turno quienes le permitieron todos estos abusos para saquear al país”.
Como víctimas de todos los agravios cometidos contra el pueblo de México, “sólo exigimos justicia para todas las víctimas que por muchos años hemos buscado el acceso a la justicia, sólo pedimos señor presidente Andrés Manuel López Obrador no le tiemble la mano para reabrir cada caso y que tengamos las garantías judiciales para poder obtener la justicia tan anhelada que nos fue negada por Germán Feliciano Larrea Mota Velazco y los gobiernos neoliberales”.
Esta impunidad y corrupción le permitieron “generar riqueza que lo convirtió en el segundo hombre más rico de nuestro país y el 53 más rico del mundo, pasando para ello por encima de nuestros derechos humanos, que en todo momento debieron ser tutelados por las autoridades en turno y sólo demostraron su empatía y obediencia al barón señalado como el más corrupto de todos los tiempos”.
