Una década después del derrame de 40 millones de litros de residuos tóxicos de la minera Buenavista del Cobre de Grupo México en la cuenca del río Sonora, la remediación de los graves daños sigue pendiente en las ocho comunidades afectadas. Lo niveles de metales pesados como aluminio, antimonio, arsénico y bario continúan altos en las aguas del cauce.
Los lugareños exigen justicia y reprochan que a pesar de los estragos que dejó el que es considerado por las autoridades el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México, ocurrido el 6 de agosto de 2014, el consorcio de Germán Larrea sigue acaparando el líquido de la región para utilizarla en la mina de cobre más grande del país.
Según el dictamen de diagnóstico ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), se comprobó la severa contaminación en la cuenca y, pese a ello, las autoridades no han cumplido con la promesa de proporcionar agua libre de metales pesados, mediante plantas potabilizadoras, a los habitantes de poblados aledaños al río Sonora.
Los muestreos realizados en noviembre y diciembre de 2023 en 13 de los 27 sitios visitados superan los límites permisibles para aluminio, arsénico, hierro, manganeso y mercurio.
El documento oficial responsabiliza a Grupo México de afectar con sus desechos ese caudal de la sierra norte de Sonora: Los resultados muestran la persistencia de una contaminación crónica derivada de la actividad minera en la región.
“Estos hallazgos confirman que, desde la perspectiva de los sedimentos, no ha habido ninguna remediación ambiental efectiva en la zona. Lo más alarmante es la presencia de mercurio en todas las muestras de sedimento, a pesar de que este elemento no está presente de forma natural en la geología de la región. Esto sugiere una contaminación muy por encima de los niveles geológicos naturales del sitio, se puntualiza en el dictamen de la Semarnat.
Integrantes de los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) solicitaron a la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, no olvidar a los pobladores afectados y que no permita que la empresa del segundo hombre más rico de México, siga intoxicando su gobierno.
Grupo México, evasivo
Criticaron que durante dos administraciones federales, la empresa responsable de dicho desastre ambiental ha evadido reparar los daños que ocasionó y las multas e indemnizaciones que ha realizado no han cubierto en su totalidad los efectos directos, indirectos y acumulativos en la población, los ecosistemas y la economía, ni los costos de supervisión y atención de la salud y la calidad de las matrices ambientales y de salud.
“Quienes vivimos cerca del río tenemos en nuestros cuerpos altos niveles de plomo, cadmio, arsénico y otros metales pesados; hemos perdido amigos y familiares por las enfermedades que causan estos contaminantes, y nadie nos ha dado atención a la salud especializada en toxicología”, denunciaron los lugareños perjudicados.
En este contexto, los CCRS pidieron a Sheinbaum Pardo que su administración sea diferente y actúe con firmeza para garantizar justicia y reparación de daños a los pueblos del río Sonora.
Pobladores de localidades aledañas al río Sonora padecen los estragos en su salud por la contaminación que Grupo México provocó en ese cauce tras el derrame de tóxicos en 2014. Foto Cristina Gómez
La solicitud incluye la aplicación de medidas urgentes para descontaminar el río, proporcionar atención médica adecuada y especializada, y asegurar que Grupo México cumpla con sus obligaciones legales y morales.
Las muestras de sedimentos tomadas cerca de la mina Buenavista del Cobre tuvieron concentraciones de cobre que superan más de 187 veces las concentraciones naturales asociadas a la geología de la zona. El estudio subraya la gravedad de la contaminación provocada por la actividad minera en la región.
La falta de atención médica especializada ha dejado a las víctimas en situación de vulnerabilidad extrema, mientras continúan padeciendo enfermedades relacionadas con la exposición a metales pesados.
Martha Patricia Velarde, integrante de los CCRS, reprochó que las autoridades responsables siguen sin cumplir con sus obligaciones, comparten información errónea y evaden las sentencias judiciales, aun cuando sí hay reuniones con directivos del consorcio propiedad del magnate Germán Larrea.
El compromiso de remediación, reparación y no repetición para las localidades de los ríos Sonora y Bacanuchi sigue pendiente, pese a que en 2021 estableció el Plan de Justicia para Cananea con el propósito de establecer un programa integral. Los lugareños afectados con el desastre ecológico siguen sin recibir atención médica adecuada, batallan para tener agua potable y la poca a la que acceden está sucia.
Las citas en las unidades familiares e incluso en el Hospital General de Hermosillo son atendidas por un médico general; no hay un especialista para cada una de las afectaciones, nos recetan paracetamol para un tema serio. Hemos perdido a muchos de nuestros parientes, amigos, colaboradores, explicó una habitante de Baviácora.
El dictamen de la Semarnat sustenta que la minera acapara 57 por ciento del volumen concesionado del líquido subterráneo en la región; además, los acuíferos están sobrexplotados, lo cual no se debe a la sequía sino a la actividad minera.
En las tomas domiciliarias, el arsénico está presente en todos los sitios de muestreo. Aunque los niveles detectados están por debajo del límite permisible, su presencia es preocupante, ya que este metaloide es utilizado en procesos mineros y tiene un potencial impacto negativo en la salud de las personas. Así, estos resultados, en conjunto, demuestran una situación crítica de polución ambiental en el cauce.
Las demarcaciones perjudicadas continúan a la espera de acciones concretas y efectivas de remediación por las autoridades y la empresa responsable, que hasta ahora no han cumplido con sus promesas de garantizar un ambiente sano y agua libre de metales pesados para los habitantes de los municipios de Aconchi, Arizpe, Banámichi, Baviácora, Cananea, Huépac, San Felipe de Jesús y Ures.
El 6 de agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre, de Grupo México, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado a un afluente del río Sonora; los tóxicos, provenientes de una presa de jales; afectaron a más de 22 mil residentes de ocho municipios y 37 comunidades de la sierra norte de Sonora.
En tanto, el consorcio de Larrea aumenta la producción de cobre y sus ganancias multimillonarias a costa de la salud de los pobladores de la región y del ecosistema.
