La Casa Blanca califica la decisión como “un obstáculo más para garantizar la seguridad de los estadounidenses”
Un juez federal prohibió el sábado al gobierno del presidente Donald Trump realizar deportaciones en virtud de una ley del siglo XVIII que Trump invocó apenas horas antes, afirmando que Estados Unidos estaba siendo invadido por una pandilla venezolana y que tenía nuevas facultades para expulsar a sus miembros del país.
James E. Boasberg, juez principal de la corte federal de Distrito para el Distrito de Columbia, explicó que necesitaba emitir su orden de inmediato porque el gobierno ya estaba trasladando a El Salvador y Honduras a migrantes que, afirma, eran recientemente “deportables” según la proclamación de Trump para ser encarcelados allí.
“No creo poder esperar más y estoy obligado a actuar”, declaró durante una audiencia el sábado por la noche en una demanda interpuesta por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward. “Un breve retraso en su expulsión no perjudica al gobierno”, añadió Boasberg, señalando que permanecen bajo custodia del gobierno.
Trump invoca ley del siglo XVIII
El fallo se produjo horas después que Trump afirmara que la pandilla venezolana Tren de Aragua estaba invadiendo Estados Unidos e invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una amplia autoridad en tiempos de guerra que permite al presidente un mayor margen de maniobra en políticas y acciones ejecutivas para acelerar las deportaciones masivas de personas, lo que podría impulsar su prometida ofensiva contra la inmigración a una velocidad mayor.
El gobierno de Trump defendió su proclamación alegando que el Tren de Aragua representa una amenaza directa a la seguridad nacional. No obstante, grupos defensores de derechos humanos y organizaciones legales argumentaron que la medida viola los derechos constitucionales de los migrantes y sienta un precedente peligroso para futuras administraciones.
Boasberg ordenó que se detengan todas las deportaciones en virtud de la proclamación hasta que se resuelva el litigio. “El presidente no tiene autoridad absoluta para redefinir el concepto de invasión y usarlo como justificación para medidas radicales”, indicó el juez en su decisión.
La Casa Blanca emitió un comunicado calificando la decisión judicial como “un obstáculo más para garantizar la seguridad de los estadounidenses”. Trump, en un mensaje publicado en su plataforma de redes sociales, criticó la decisión y afirmó que seguiremos luchando para expulsar a estos criminales.
Mientras tanto, ACLU y Democracy Forward celebraron el fallo, destacando que impide la aplicación arbitraria de una ley obsoleta para justificar deportaciones masivas. Se espera que el caso continúe en los tribunales en las próximas semanas, con implicaciones significativas para la política migratoria de Estados Unidos.
