Organismos de derechos humanos advierten de que la norma, aprobada de manera exprés por el legislativo oficialista, permitirá al Gobierno silenciar a las voces críticas
La embestida del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las voces disidentes en El Salvador ha llegado a un punto de no retorno. Este martes, la Asamblea Legislativa, bajo el control absoluto del mandatario, aprobó la Ley de Agentes Extranjeros con la que podrá dictar con una sola orden qué organizaciones de derechos humanos o medios de comunicación independientes pueden trabajar o no en el país. La ley, además, contempla que, a quienes se les permita trabajar, deberán inscribirse a un registro nacional y tributar al Gobierno un 30% de sus ingresos.
La medida fue anunciada por el presidente la semana pasada, tras una protesta campesina frente a su residencia. Este martes, el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain Hanania, la presentó ante la Asamblea Legislativa, donde fue impulsada por el diputado Christian Guevara, del partido oficialista Nuevas Ideas. Su aprobación se dio con el 95% de votos a favor tras apenas una hora y 24 minutos de discusión, menos de lo que dura un partido de fútbol.
La aprobación de la ley se produce en medio de la embestida más fuerte contra las voces disidentes que el Gobierno de Bukele ha dado en sus seis años en el poder. En las últimas tres semanas, al menos 15 personas, entre empresarios, líderes comunales y activistas, han sido detenidos por razones políticas y sin derecho a defensa. La última de ellas fue Ruth López, una prominente abogada de derechos humanos y miembro de la ONG Cristosal. A principios de este mes, al menos siete periodistas han huido del país por temor a ser detenidos luego de revelar información sobre presuntos pactos secretos del Gobierno con las pandillas.
La ley ahora aprobada por el bukelismo es idéntica a la impuesta en 2020 en Nicaragua, con la que el régimen de Daniel Ortega ha cancelado la personería jurídica de más de 5.200 ONG. Esta cifra incluye asociaciones religiosas, educativas, indígenas, médicas, empresariales y de derechos humanos, así como universidades y medios de comunicación independientes. En el caso de El Salvador, se estima que la ley puede afectar hasta a unas 8.000 ONG y a más de una docena de medios independientes.
La ley contempla la posibilidad de que algunas ONG sean eximidas a criterios del Gobierno; sin embargo, la postura de Bukele ha sido clara en que no tolerará organizaciones que busquen fortalecer la democracia o el combate a la corrupción.
Las críticas ya no afectan a Bukele
En 2021, Bukele intentó impulsar una ley muy similar, con el mismo nombre y con un cuerpo muy parecido; sin embargo, debido a presiones de organismos internacionales, cedió.
Ante el anuncio del mandatario de revivir esta propuesta de ley, varios organismos internacionales se pronunciaron nuevamente en contra, pero esta vez la presión no funcionó. Gina Romero, relatora especial de la ONU para la Libertad de Asociación y Asamblea, escribió en su cuenta de X: “Etiquetar como agentes extranjeros a quienes reciben fondos legítimos estigmatiza, silencia y debilita al tejido cívico del país. No es compatible con una sociedad democrática”.
En la última semana, Bukele ha enfrentado un tsunami de críticas sobre su autoritarismo en ascenso y visible con la criminalización de defensores de derechos humanos. Pero, hasta el momento, ni el presidente ni nadie de su gabinete ha respondido públicamente a esos señalamientos.
Durante la discusión de la ley en el Congreso, los únicos que se opusieron fueron los tres diputados de oposición que quedan en la Asamblea desde las elecciones legislativas de mayo de 2024, cuando el bukelismo consiguió el control total de los tres poderes del Estado.
La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, criticó la medida. “Esta ley es una ley incompatible con la democracia, el Estado de derecho y el respeto a los derechos fundamentales de libertad de expresión y asociación”, dijo. “Esta es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico en El Salvador”, añadió.
¿Qué dice la ley?
La ley establece como entes sujetos a ella a “toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador realicen actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero”. Así como a “las personas que, atendiendo al objeto y cumplimiento de esta Ley, el Registro de Agentes Extranjeros (RAEX) determine que están incluidas en la calidad de mandante extranjero”.
Al mismo tiempo, el presidente del RAEX, podrá inscribir “de oficio” a quienes él determine. Si una organización o medio no se inscribe en ese plazo, “no podrán realizar actividades, ni movimientos de recursos financieros o activos, ni bienes materiales”, dice la ley.
La ley establece como una de sus prohibiciones “realizar actividades para fines políticos u otros”. Al mismo tiempo, otorga poderes especiales al presidente de la República para definir los reglamentos y conceptos sobre quién es un agente extranjero y qué son las actividades políticas prohibidas en la ley, entre otras cosas.
Asimismo, el presidente podrá “establecer los requisitos para el registro de los sujetos obligados” por la ley, así como “denegar, revocar o no renovar las solicitudes de registro o de la calificación de sujeto excluido, según corresponda”. La ley entrará en vigencia ocho días después de ser publicada en el Diario Oficial.
Multas y amenazas con cárcel
Otro de los puntos neurálgicos de la nueva ley son las posibles penas con cárcel. El RAEX tendrá entre sus atribuciones “elaborar un informe semestral de las actividades registradas, y remitir a la unidad de la Fiscalía General de la República que corresponda, en función de lo dispuesto en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos”, dice el documento.
En septiembre de 2020, a poco más de un año de haber llegado al poder, Bukele acusó, durante una cadena nacional, al periódico digital El Faro de lavado de dinero y anunció que la Fiscalía bajo su control abriría una investigación en su contra. A raíz de esto, el medio trasladó sus oficinas administrativas a Costa Rica.
La ley también otorga poderes al presidente del registro para “solicitar la suspensión o cancelación, según sea el caso, de la personería jurídica o de la inscripción que autorizó su funcionamiento en el país, de los entes obligados que incumplan la presente Ley”.
La medida establece multas para quienes incumplan con su presentación de impuestos de hasta el 100% del monto a tributar, es decir, que si alguien no declara su 30%, la multa podría significar el 60% de sus ingresos.
Los incumplimientos a las obligaciones establecidas por la ley, como a los plazos establecidos para presentar la información requerida, subsanar prevenciones u otros señalados por el Registro podrán ser sancionadas con multa desde los 100.000 hasta los 250.000 dólares.
Fuente:
https://elpais.com/america/2025-05-21/el-salvador-de-bukele-aprueba-una-ley-mordaza-contra-organizaciones-y-prensa-independiente.html?ssm=TW_CC
