El consejo general del Instituto Nacional Electora (INE) aprobará este jueves una advertencia explícita respecto del carácter ilegal de la distribución de “acordeones” para la elección judicial porque esta práctica puede constituir una presión sobre el electorado.
Elaborar y repartir estas “guías” afecta el derecho a la libertad del sufragio y los principios de imparcialidad, equidad y neutralidad; se trata de presunta difusión de propaganda electoral y supuesta preparación de operativos para incidir en el sentido del voto en estos comicios, se indica en el proyecto de acuerdo del consejo.
Subraya que la distribución de acordeones podría representar también financiamiento ilegal, pues las reglas establecen que está prohibido recibir apoyo de personas físicas o morales, partidos políticos o entes gubernamentales.
“Este consejo general considera, bajo la apariencia del buen derecho, que resulta necesario el dictado de una medida cautelar de tipo inhibitoria, por advertirse la presunta comisión de posibles conductas antijurídicas cuya continuación o repetición debe evitarse en el futuro, a fin de que no se transgredan de modo irreparable los derechos y principios constitucionales que deben garantizarse y observarse en todo tiempo y con más razón” durante la elección judicial, más cuando a partir del jueves inicia la veda electoral y la elección es el domingo próximo.
Como efectos de la medida se indica que los sujetos que se encuentren elaborando o difundiendo los acordeones deben abstenerse porque es una práctica prohibida durante la etapa de campaña, periodo de veda y día de la elección.
En el proyecto de acuerdo se establece que los acordones podrían estar siendo utilizados para coaccionar e inducir el voto, a partir de formatos impresos o pre impresos correspondientes a elecciones específicas.
La tutela inhibitoria es de carácter precautorio, es decir, impedir que un ilícito se concrete, continúe o se repita.
En este caso, Jhonatan Gudalupe Uc León denunció la presunta distribución indebida de propaganda electoral y la realización de actos que pueden configurar coacción del voto por parte del gobernador de Nuevo León, Samuel García, entre otras personas servidoras públicas de esa entidad, así como el partido Movimiento Ciudadano.
Otro caso analizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE refiere una presunta vulneración al principio de equidad en la contienda por la distribución de propaganda electora en favor de nueve candidaturas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre estas las ministras en funciones.
En ambos casos los denunciantes ofrecieron como medios de prueba materiales divulgados en medios de comunicación.
En el documentos se indica que cinco personas candidatas – de otras contiendas- presentaron escritos para deslindarse de los materiales divulgados .
