Alejandro Matty Ortega
El 5 de junio de 2009, la ciudad de Hermosillo se detuvo. Una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda estatal se incendió y, en cuestión de minutos, el fuego alcanzó una guardería subrogada por el IMSS: la Guardería ABC. El resultado fue devastador: 49 niñas y niños muertos, más de 80 heridos y un país marcado para siempre por el horror, la negligencia y la falla sistémica del estado mexicano.
Hoy, a 16 años de la tragedia, lo que debía convertirse en un ejemplo de justicia efectiva se ha transformado en un emblema de impunidad institucional, una cicatriz abierta que las familias no han podido cerrar, no por falta de voluntad, sino por la omisión activa del sistema judicial mexicano.
Una justicia aletargada
La historia jurídica del caso ABC está escrita con amparos, apelaciones, tecnicismos y dilaciones. Lo que comenzó como un proceso penal con 22 imputados, ha terminado con penas mínimas, evasión de sentencias y protección institucional. De las 22 personas procesadas, sólo nueve mantienen condenas activas, y únicamente una persona permanece en prisión: Noemí López Sánchez, excoordinadora de guarderías del IMSS en Sonora.
El resto de los responsables ha recibido penas menores a seis años, muchas con beneficios de prisión domiciliaria. Algunos, como Sandra Lucía Téllez Nieves —una de las dueñas de la guardería— y Roberto Copado Gutiérrez —exdirector de Protección Civil—, se encuentran prófugos desde hace años, con órdenes de reaprehensión vigentes que nadie parece tener intención de ejecutar.
“Entre amparos y apelaciones se prolongan los procesos, y la justicia simplemente no llega”, lamenta José Francisco García Quintana, padre de una víctima y presidente del Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio.
Un fallo judicial que reescribió la tragedia
El punto de quiebre legal ocurrió en 2021, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dictaminó que la responsabilidad penal de varios implicados debía calificarse como “involuntaria”. Esta interpretación abrió las puertas a una serie de reducciones de condenas, todas emitidas por un Tribunal Unitario entre abril y mayo de 2022.
Como si fuera una pieza más del rompecabezas del olvido, el caso fue trasladado a tribunales en la Ciudad de México, dificultando el seguimiento para las familias que residen en Sonora.
“¿Cómo vamos a verificar desde Hermosillo que esas sentencias se cumplan en la CDMX?”, cuestiona Patricia Duarte Franco, madre de Andrés Alonso. “Estamos hartos de discursos. Queremos hechos”.
Del Poder Judicial al poder político: exigencia al nuevo gobierno
Con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum, las familias han renovado su exigencia de justicia. En un contexto de cambio político, el Movimiento 5 de Junio lanza un mensaje claro: “Este gobierno tiene la oportunidad —y la obligación— de corregir el rumbo”.
“Una de las nuevas ministras se hace llamar la ministra del pueblo. Queremos que lo demuestre con hechos. El expediente ABC es una prueba moral para el nuevo gobierno”, insiste Duarte Franco.
Los padres también esperan que la presidenta acceda a reunirse con ellos próximamente, no para una fotografía simbólica, sino para impulsar acciones concretas que garanticen justicia real.
Una causa internacional, una vergüenza nacional
La decepción ante el sistema judicial nacional llevó a las familias a tocar las puertas de la justicia internacional. En 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el caso, y actualmente se encuentra en la etapa de análisis de fondo, investigando si el Estado mexicano incurrió en violaciones a derechos humanos.
“El Estado responde con evasivas y promesas de investigaciones internas, pero la realidad es que sólo está encubriendo su responsabilidad”, señala García Quintana.
Los sobrevivientes invisibles
Además de los 49 niños fallecidos, más de 80 menores sobrevivieron. Muchos de ellos padecen secuelas pulmonares, psicológicas o neurológicas. Pero ni siquiera ellos han escapado de la negligencia institucional. El IMSS no los ha reconocido oficialmente como víctimas, lo que podría afectar su derecho a tratamientos a largo plazo.
“Mi hija Laura Fernanda vive con daño pulmonar comprobado, pero como no era visible en un inicio, el IMSS no la reconoce como víctima. Eso es inhumano”, denuncia Fabiola Domínguez, madre de una de las niñas sobrevivientes.
El incendio de la Guardería ABC fue, en su origen, una tragedia anunciada. Las instalaciones no cumplían con las normas mínimas de seguridad; la bodega contigua acumulaba papelería y materiales inflamables sin control; las rutas de evacuación eran insuficientes; y los protocolos de protección civil, inexistentes.
Pero lo que debió ser corregido con verdad y justicia, se transformó en un caso paradigmático de cómo las redes de poder protegen a sus integrantes, aún a costa del dolor de familias enteras.
Reducción de sentencias:
El número de sentenciados bajó de 22 a 9. Las condenas, que debían ser de al menos 20 años, se redujeron a entre 4 y 6 años. Solo Noemí López Sánchez está actualmente en prisión.
Tácticas judiciales y dilaciones:
Las familias acusan al Poder Judicial de favorecer a los responsables con tácticas dilatorias y trasladar el caso a juzgados de la CDMX, lo que dificulta su seguimiento desde Hermosillo.
Falta de reconocimiento a sobrevivientes:
82 niños que sobrevivieron con secuelas pulmonares no han sido reconocidos como víctimas, a pesar de tener diagnósticos médicos oficiales del IMSS.
Caso ante la CIDH:
El caso permanece en la etapa de “fondo” en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que evalúa si hubo violaciones graves por parte del Estado mexicano.
Críticas a las autoridades:
Padres de víctimas responsabilizan a la FGR, al IMSS y al Poder Judicial por la continuidad de la impunidad. Reclaman intervención directa del nuevo gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Condenas actuales más relevantes:
Sandra Lucía Téllez y Antonio Salido Suárez (dueños de la guardería): 5 años y 7 meses.
Arturo César Leyva Lizárraga (exdelegado del IMSS): condena cumplida en su domicilio.
Noemí López Sánchez (exjefa de Guarderías del IMSS Sonora): Única interna, con 8 años y 10 meses de prisión.
A 16 años de la tragedia, el caso ABC representa uno de los ejemplos más claros de impunidad en México y las víctimas, tanto fallecidas como sobrevivientes, siguen esperando justicia.
En tanto, las familias, agrupadas en colectivos como el Movimiento 5 de Junio, llaman a las autoridades a dejar de proteger a los responsables y a ejecutar las sentencias pendientes.
La memoria como resistencia
Dieciséis años después, Hermosillo sigue recordando.
Cada 5 de junio, las calles se llenan de veladoras, fotografías, gritos de justicia. Las madres y padres del Movimiento 5 de Junio no han cesado en su lucha, no por venganza, sino porque la vida de sus hijos merece justicia, no olvido.
“El dolor sigue, y lo que más nos duele es la indiferencia institucional. Seguimos aquí, y no vamos a rendirnos”, sentencia Patricia Duarte.
El expediente de la Guardería ABC no está cerrado. Sigue abierto en los tribunales, en la CIDH, en los pulmones de los niños que sobrevivieron, en las calles de Hermosillo, en la conciencia de un país que no puede -ni debe- olvidar.
Porque 49 niños no murieron:
Los mató el sistema y el sistema, sigue libre.
