El Gobierno de Sonora rechazó este jueves los señalamientos publicados por El Universal que sugieren una presunta vinculación del gobernador Alfonso Durazo Montaño con empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
En un comunicado oficial, la administración estatal calificó de “malintencionadas” dichas insinuaciones y subrayó que los procedimientos administrativos en Sonora se rigen bajo criterios de transparencia, legalidad y control interno, sin relación alguna entre funcionarios del actual gobierno y las empresas mencionadas.
El documento precisa que, de las 445 empresas mexicanas sancionadas por la OFAC, solo el 6 por ciento tienen registro o alguna operación en Sonora, lo que “no implica vínculo alguno con el Gobierno estatal”.
Asimismo, el Gobierno de Sonora informó que, con base en información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, únicamente la empresa SUMILAB, S.A. de C.V. tuvo contratos con el Estado por 9.6 millones de pesos entre octubre de 2018 y junio de 2021, periodo correspondiente a la administración anterior.
Tras la publicación del informe del Departamento del Tesoro, se realizó una revisión exhaustiva que identificó nueve contratos con empresas sancionadas, celebrados por organismos públicos descentralizados y no por la administración central. De esos contratos, tres permanecían vigentes al momento de la inspección y fueron cancelados de inmediato.
Además, el Gobierno estatal instruyó una nueva revisión preventiva para detectar posibles vínculos heredados con las 445 empresas sancionadas en el país, a fin de garantizar la integridad y transparencia de los procesos administrativos.
Finalmente, la vocera del Gobierno del Estado, Paloma Terán Villalobos, reiteró el compromiso de la administración con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, al tiempo que exhortó a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad y rigor informativo para evitar interpretaciones tendenciosas.
