Ernesto ‘Pato’ de Lucas, exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, aseguró que los delitos por los que fue vinculado a proceso le fueron fabricados y negó que las firmas que se le atribuyen en contratos señalados por la Fiscalía Anticorrupción sean suyas.
Afirmó que enfrenta una acusación sin sustento jurídico y denunció irregularidades en el proceso.
En entrevista para Proyecto Puente, De Lucas sostuvo que decidió dar la cara tras considerar que no se ha respetado el debido proceso.
La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que el pasado 12 de diciembre un juez vinculó a proceso al exfuncionario por su probable responsabilidad en el delito de peculado, al acusarlo de suscribir contratos que habrían permitido el desvío de más de 287 millones de pesos destinados al pago de impuestos mediante un esquema de beneficios múltiples.
Horas después, la propia fiscalía emitió una fe de erratas para precisar que los pagos cuestionados ocurrieron a partir de noviembre de 2018, cuando De Lucas ya no era titular de la dependencia, y que las firmas atribuidas habrían permitido esos movimientos posteriores.
Al respecto, el exsecretario rechazó ambas versiones. “No es mi firma”, afirmó, y sostuvo que los documentos presentados por la autoridad no existen en original, sólo en copias fotostáticas.
Aseguró que peritajes grafoscópicos descartan que las rúbricas correspondan a él y cuestionó que se otorgue validez legal a documentos sin originales ni testigos.
De Lucas explicó que la investigación se originó por una denuncia presentada el 13 de septiembre de 2021, último día del sexenio de Claudia Pavlovich, contra una empresa que presuntamente cometió fraude al incumplir con un servicio de seguros para trabajadores, pese a seguir recibiendo pagos durante varios años. Subrayó que la denuncia original fue contra la empresa y no contra funcionarios.
También señaló que el esquema del plan de beneficios múltiples no es ilegal y ha operado por décadas en distintas dependencias, incluso después de su salida. Insistió en que, aun suponiendo que hubiera firmado contratos —lo cual niega—, no podía ser responsable de un delito de peculado cometido cuando ya no era servidor público.
“Me acusan de haber permitido un desvío cuando ya no estaba en el cargo”, dijo, y cuestionó cómo se le puede atribuir responsabilidad por pagos realizados durante cuatro ejercicios fiscales posteriores a su gestión.
El exfuncionario afirmó que la Fiscalía Anticorrupción ha reabierto el caso en varias ocasiones, pese a que previamente se había determinado el no ejercicio de la acción penal, y sostuvo que la empresa señalada no ha sido perseguida penalmente.
De Lucas confirmó que cuenta con un amparo y que se le impuso prisión preventiva bajo el argumento de riesgo de fuga, el cual rechazó. Aseguró que siempre ha acudido a las citaciones judiciales y que no ha intentado evadir la justicia.
Sobre la exgobernadora Claudia Pavlovich, afirmó que no ha recibido ninguna llamada ni mensaje. “Nunca tuve un ‘¿cómo estás?’”, dijo, al señalar que enfrenta el proceso sin respaldo político del sexenio en el que participó.
Finalmente, reiteró que continuará enfrentando el proceso en libertad y exigió que se aclare el destino de los recursos y la responsabilidad de la empresa involucrada. “No tengo absolutamente nada que ver”, concluyó.
