La propuesta del presidente Donald Trump de entregar cheques de 2 mil dólares a estadounidenses de bajos y medianos ingresos, financiados con recursos provenientes de los aranceles a las importaciones, permanece en el terreno del anuncio político y no como una política pública en operación.
Hasta el momento, no existe una ley aprobada por el Congreso que autorice la creación de este programa, condición indispensable para que el gobierno federal pueda emitir pagos directos a la población. Especialistas en presupuesto y autoridades económicas han reiterado que el Presidente no tiene facultades para disponer de recursos públicos sin aval legislativo.
Uno de los principales obstáculos es el financiamiento. Aunque la recaudación por aranceles ha aumentado en 2025, los ingresos estimados —alrededor de 195 mil millones de dólares— resultan insuficientes para cubrir pagos de 2 mil dólares a millones de personas, lo que podría implicar un costo superior a los 300 mil millones de dólares, dependiendo del número de beneficiarios.
Además, no existen criterios oficiales de elegibilidad. Trump ha mencionado de forma general que el apoyo estaría dirigido a personas de ingresos bajos y medios, con posibles límites de ingreso, pero no se han publicado reglas claras, ni se ha definido si el beneficio se entregaría mediante cheques, depósitos directos o créditos fiscales.
A ello se suma la incertidumbre legal. Parte de la autoridad utilizada para imponer aranceles está siendo revisada por tribunales federales y por la Corte Suprema, lo que podría limitar o anular la fuente de ingresos propuesta para financiar los pagos.
En este contexto, analistas coinciden en que la iniciativa enfrenta barreras legales, fiscales y políticas significativas, además de un marcado escepticismo en el Congreso. Por ahora, el llamado “dividendo arancelario” no tiene calendario, reglas ni respaldo presupuestal, y su eventual implementación dependerá de un proceso legislativo que aún no ha iniciado formalmente.
