El gobierno mexicano aplicó facultades de la Ley de Seguridad Nacional, y con base en la solicitud del gobierno de Estados Unidos se realizó el traslado a esa nación de 29 de los más relevantes narcotraficantes que estaban presos en nuestro país y porque representaban un riesgo, indicó el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, durante una conferencia prensa ofrecida por los integrantes del Gabinete de Seguridad.
El titular de la FGR señaló que el traslado no representará problemas jurídicos para el gobierno de México, aunque no se respetaron las suspensiones que tenían algunos de los capos entregados porque esta operación se llevó a cabo con base en una solicitud de “seguridad nacional que justificaron los Estados Unidos”.
A la conferencia que se realizó en las instalaciones de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) asistieron Omar García Harfuch, titular de la dependencia, así como los secretarios de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo y de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles.
Respecto de la posible aplicación de la pena de muerte para algunos de los capos que fueron trasladados a Estados Unidos, Gertz Manero dijo que las penas no las impone el Departamento de Justicia estadunidense, sino los jueces de esa nación, y corresponderá a ellos definir las sanciones.
Precisó que conforme a los acuerdos y tratados entre México y Estados Unidos, no se puede aplicar la pena de muerte porque ello no existe en las leyes mexicanas y eso debe ser respetado.
Para Gertz Manero los 29 capos fueron entregados porque “representan una amenaza para nuestro país”, entre ellos los hermanos Omar y Miguel Ángel Treviño Morales, ex líderes del Cártel de Los Zetas; José El Chango Méndez, fundador de Los Caballeros Templarios; Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara en los años 70 y en años recientes del Cártel de Caborca; así como líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación e importantes miembros y operadores del Cártel de Sinaloa y del Cártel del Golfo.
Expuso que el operativo realizado ayer se hizo “en coordinación, cooperación, respeto a la soberanía y reciprocidad internacional con el gobierno de Estados Unidos”, por ello se “acordó el traslado de 29 generadores de violencia” que eran requeridos por el Departamento de Justicia de ese país, algunos de ellos “desde hace 40 años y otros desde hace 11 años”, como es el caso de Rafael Caro Quintero y los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, de quienes no señaló sus nombres.
García Harfuch dijo que los 29 trasladados se encontraban recluidos en nueve centros penitenciarios federales y dos centros penitenciarios locales, “contaban con diversas investigaciones en su contra por delitos de alto impacto en Estados Unidos, como delincuencia organizada, trasiego de fentanilo, trasiego de otras drogas, lavado de dinero, homicidio, tráfico de armas hacia nuestro país, secuestro, entre otros”
Refirió que “estas personas cometieron delitos atroces en nuestro país, delitos como extorsión, secuestro, homicidio, ataque a las autoridades federales, estatales y municipales, generando actos de suma violencia, a través de las organizaciones criminales a las que pertenecen”.
En las acciones para el traslado, definida únicamente por el Gabinete de Seguridad Nacional, “participaron 3 mil 512 elementos, 342 vehículos y 20 aeronaves de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad, Centro Nacional de Inteligencia, así como de la Fiscalía General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal”.
Posible liberación
El titular de la SSPC mencionó que “el Gabinete de Seguridad cuenta con información que existía un riesgo de que algunos de estos objetivos solicitados por el gobierno de Estados Unidos fueran liberados o siguieran atrasándose sus procesos de extradición, derivado de acuerdo con algunos jueces que buscaban favorecerlos, como ya se había hecho en otras ocasiones y durante muchos años
“Con estos elementos y considerando las actividades a las que se han dedicado dichas personas vinculadas con delitos de alto impacto, representan amenaza a la seguridad de nuestro país y de Estados Unidos, el Gabinete de Seguridad, en estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, procedió a realizar el traslado de estos objetivos.
“Éste es un acto de autoridad que no tiene precedentes, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del Gabinete de Seguridad, ejes que forman parte de nuestra Estrategia Nacional de Seguridad”.
Respecto de la posible aplicación de la pena de muerte para algunos de los 29 entregados, Gertz Manero señaló: “nosotros tenemos un acuerdo muy claro que una legislación como la mexicana que no tiene esas sanción, debe ser respetada por los países donde nosotros tenemos acuerdos. La garantía es la ley. Cuando u s se sujeta una operación internacional a convención internacional como en este caso, se tienen que respetar las condiciones de esa convención”.
Agregó que en la Ley de Seguridad Nacional se “establecen los parámetros por razones de estabilidad política tanto en México como en Estados Unidos”.
Rechazó que la entrega de los 29 delincuentes se realizara como negociación para que no se apliquen aranceles a México, y añadió que el traslado se realizó sustentado en el artículo quinto de la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 de la Constitución mexicana.
También dijo: “nosotros cumplimos lo que dice la Convención de Palermo, hubo una solicitud fundada por parte del gobierno de Estados Unidos y ese fue el motivo por el cual se detonó todo este procedimiento”.
Indicó que el traslado de los 29 delincuentes se realizó “a partir del momento que recibimos la notificación o solicitud del gobierno de Estados Unidos, de inmediato se organizaron todas las acciones por parte de la SSPC y le apoyaron tanto el Ejército como la Marina”.
Dijo que no pasaron “horas entre que llegó la solicitud y que se convocó a una reunión de Gabinete de Seguridad Nacional, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas y se procedió, fue un asunto inmediato”.
Sobre si en esta decisión de aplicar la Ley de Seguridad Nacional para el traslado tuvo participación la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario Omar garcía Harfuch, respondió que la decisión fue absolutamente del Gabinete de Seguridad Nacional”.
En cuanto a las condiciones en las que se entregaron a la justicia de Estados Unidos a los integrantes de los cárteles mexicanos, el titular de la FGR respondió: “la Ley de Seguridad Nacional está vigente desde hace 20 años el artículo quinto de esa legislación establece cuáles son las condiciones en las que por seguridad de nuestro país y conformidad con una solicitud debidamente fundada por parte del gobierno de Estados Unidos se hizo esto”.
Al cuestionarle si se violaron las suspensiones en materia de amparo que tenían muchos de los que fueron trasladados y si ello no traería consecuencia jurídicas para el gobierno mexicano, el funcionario respondió: “no se pueden violar suspensiones sobre un procedimiento que es ajeno a estas suspensiones”.
En cuanto a los jueces que otorgarían presuntos beneficios de libertad a algunos de los 29 capos llevados a Estados Unidos, indicó que hay casos de extradición que tenían “diez años, ocho años, y que no podíamos salir de un procedimiento que tenía un plazo de 45 días, son pruebas más que suficientes”.
García Harfuch concluyó la conferencia señalando: “el traslado de los 29 delincuentes los más beneficiados somos los mexicanos”.
