Con una inversión histórica de 200 millones de pesos en recurso estatal, el Gobierno de Sonora ha beneficiado a 13 mil 365 familias en situación de pobreza extrema a través del Programa de Fortalecimiento Económico para Familias Vulnerables, como parte de una estrategia integral orientada a la justicia social.
Este programa tiene como objetivo complementar el ingreso de los hogares que enfrentan condiciones de alta vulnerabilidad mediante la entrega de apoyos económicos directos, no condicionados, a través de tarjetas electrónicas con depósitos bimestrales de dos mil 500 pesos. Estos recursos permiten a las familias cubrir necesidades esenciales como alimentos, productos básicos y servicios indispensables.
“El gobernador Alfonso Durazo Montaño ha dejado claro que el dinero público debe traducirse en bienestar real. Por eso, este presupuesto es una apuesta directa a favor de la justicia social y de las personas que históricamente han sido olvidadas”, manifestó Fernando Rojo de la Vega Molina, secretario de Bienestar.
Las acciones del programa se han llevado a cabo en los municipios de Etchojoa, Navojoa, Guaymas, Quiriego, Álamos, Cajeme, Benito Juárez, Rosario Tesopaco, Hermosillo, Caborca, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, beneficiando también a familias de Agua Prieta, Altar, Átil, Bácum, Cananea, Empalme, General Plutarco Elías Calles, Huatabampo, Nácori Chico, Nogales, Oquitoa, Pitiquito, San Ignacio Río Muerto, San Miguel de Horcasitas, Santa Ana, Tubutama y Yécora.
El programa está dirigido a personas mayores de 18 años que viven en pobreza extrema por ingreso y que presentan al menos tres de las siguientes carencias sociales: rezago educativo, falta de acceso a servicios de salud, seguridad social, calidad y espacio en la vivienda o servicios básicos. La población objetivo fue identificada a través de estudios socioeconómicos focalizados, con base en datos del Coneval y los criterios establecidos en las reglas de operación.
Este esfuerzo interinstitucional busca transitar de un modelo asistencial a uno de derechos, articulando estrategias entre el sector público, social y privado para que las familias sonorenses dejen de ser vistas solo como beneficiarias y se conviertan en protagonistas de su propio bienestar.
