Sheinbaum confirma la detención de Sandra Lucía Téllez en Estados Unidos.
Los padres exigen que cumpla su condena en territorio mexicano
A 16 años de la tragedia en la Guardería ABC, una de las copropietarias de la estancia infantil, Sandra Lucía Téllez Nieves, fue detenida el sábado en el estado de Arizona, Estados Unidos. La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha informado este lunes de que su Gobierno solicitará la extradición para que enfrente la justicia en territorio mexicano.
Téllez Nieves fue arrestada en un Centro de Detención de Eloy, en Arizona, como resultado de una orden de aprehensión vigente desde febrero de 2022. La detención ocurrió gracias a una ficha roja emitida por Interpol, según informó el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por madres y padres de las víctimas del incendio. “Es culpable del delito de homicidio culposo y no una perseguida política como pretenden posicionarla sus abogados en Arizona”, escribió el colectivo en una carta firmada por su presidenta, Juana Luna Hernández.
“Apelamos a la empatía y solidaridad de la presidenta Sheinbaum para que este crimen de Estado no quede impune. Es urgente que la Fiscalía General de la República actúe y garantice su extradición, que sea ingresada al penal correspondiente y cumpla la sentencia por la muerte y lesiones de nuestros hijos e hijas”, dice la misiva. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum aseguró que su gobierno respaldará a las familias. “Siempre hay que estar con las víctimas, siempre. Me reuní con algunos de ellos en Sonora. Zoé Robledo —titular del IMSS— se ha reunido muchísimas veces con padres y madres de la Guardería ABC”, dijo la mandataria.
Sandra Lucía Téllez fue sentenciada en 2016 a 28 años de cárcel por homicidio culposo y lesiones, pero tras una serie de amparos y apelaciones su condena fue reducida a cinco años y siete meses. Desde entonces, había permanecido prófuga. El colectivo de padres denunció que, aunque se enteraron de su detención el sábado, ninguna autoridad mexicana les notificó formalmente. “Le pedimos al Estado mexicano que haga lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea extraditada y puesta a disposición de las autoridades mexicanas”, exigen en la carta dirigida a la presidenta y al fiscal general Alejandro Gertz Manero.
El 5 de junio de 2009, un incendio iniciado en una bodega se propagó a la guardería del IMSS en Hermosillo. El fuego mató a 49 infantes—25 niñas y 24 niños— y dejó a más de un centenar con lesiones y secuelas de por vida. Todos tenían entre cinco meses y cinco años de edad. La estancia infantil incumplía normas básicas de seguridad: las salidas de emergencia estaban bloqueadas, no contaba con medidas contra incendios y el material de los techos era flamable.
En 2019, diez años después de la tragedia, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió reabrir el caso para saldar la deuda de justicia que había con las víctimas y sus familias. La Suprema Corte de Justicia ratificó en 2021 la culpabilidad de 22 funcionarios condenados por el incendio, sin embargo, ordenó la reducción de las penas al establecer que la responsabilidad por la muerte de los niños fue involuntaria. Sólo hay una persona en prisión por el caso. En 2022, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, señaló abiertamente la injerencia en el caso del expresidente Felipe Calderón en un intento de proteger a su familia, pues una de las implicadas, Marcia Matilde Gómez del Campo, era prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala y también pariente del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo. Entonces, Zaldívar señaló como una “operación de Estado”.
La impunidad llevó a los padres a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió en 2020 una resolución en la que afirma que “el Estado mexicano no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales”. La historia de impunidad que envuelve al caso ABC parece haber encontrado una nueva página, en la que los padres exigen justicia real.
