El movimiento opositor, cuyas figuras se han reunido con funcionarios estadounidenses, afirma que se está comunicando con Washington sobre los planes para desmantelar la ‘estructura criminal’ de Nicolás Maduro.
En los últimos días se ha intensificado la presión de los principales colaboradores del presidente Donald Trump para destituir al líder de Venezuela, Nicolás Maduro, y miembros del gobierno de Estados Unidos están debatiendo una amplia campaña que intensificaría la presión militar para tratar de forzar su salida, según afirman funcionarios estadounidenses.
Esa iniciativa la está liderando Marco Rubio, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional. Rubio sostiene que Maduro es un dirigente ilegítimo que supervisa la exportación de drogas a Estados Unidos lo que, según él, implica una “amenaza inminente”.
En las últimas semanas, el ejército estadounidense ha desplegado ataques letales contra embarcaciones civiles que, según el gobierno de Trump, traficaban con drogas de las bandas venezolanas. Pero Rubio está perfilando una estrategia más agresiva, utilizando información proporcionada por la CIA, según dijeron los funcionarios. El Pentágono ha acumulado una fuerza de más de 6500 soldados en la región.
El director de la agencia de inteligencia, John Ratcliffe, y Stephen Miller, principal asesor de política interior de Trump, apoyan el enfoque de Rubio, añadieron los funcionarios.
El ejército estadounidense ha estado planeando posibles operaciones militares dirigidas contra sospechosos de narcotráfico en la propia Venezuela como fase siguiente, aunque la Casa Blanca aún no ha aprobado esa medida, según afirman funcionarios actuales y anteriores.
Esas operaciones tendrían como objetivo interferir en la producción y el tráfico de drogas en Venezuela, así como estrechar el cerco sobre Maduro.
Debido a que los funcionarios del gobierno estadounidense afirman que Maduro lidera la red de cárteles de Venezuela, pueden argumentar que apartarle del poder es, en última instancia, una operación antinarcóticos.
En repetidas oportunidades, Rubio se ha referido a la acusación del Departamento de Justicia contra Maduro y otros funcionarios venezolanos en 2020 por cargos de narcotráfico. Recientemente describió al mandatario venezolano como un “fugitivo de la justicia estadounidense” y el jefe de “una organización terrorista y del crimen organizado que se ha apoderado de un país”.
Al mismo tiempo, dos altos miembros de la oposición venezolana afirman que su movimiento ha estado planeando qué hacer si cae Maduro y han tenido conversaciones con el gobierno de Trump sobre esa posibilidad.
Funcionarios del gobierno de Estados Unidos no han confirmado si se han producido esas conversaciones, y la Casa Blanca no hizo comentarios al respecto.
En julio, Trump firmó una orden aún secreta por la que ordenaba al ejército estadounidense el uso de la fuerza contra los cárteles de la droga que su gobierno ha calificado de terroristas. Luego, el Pentágono comenzó a desplegar una gran fuerza naval en el Caribe.
Poco después, empezaron los ataques militares estadounidenses contra embarcaciones civiles. Trump ha anunciado tres operaciones de este tipo en aguas internacionales desde el 2 de septiembre, en las que han muerto al menos 17 personas, sin presentar una base legal para los ataques. Describió los dos primeros como dirigidos contra venezolanos, pero no ha facilitado la nacionalidad de las personas muertas en el tercer ataque. NBC News reportó primero sobre la planificación de la ampliación de las operaciones militares a Venezuela.
En mayo, Rubio se reunió con cinco opositores que huyeron en secreto a Estados Unidos en lo que calificó como una “operación precisa”. Ha elogiado a la líder de la oposición, María Corina Machado, a quien llamó por su apodo, la “Dama de Hierro venezolana”, en un homenaje publicado este año.
Pedro Urruchurtu, asesor de Machado, dijo en una entrevista que la oposición había desarrollado un plan para las primeras 100 horas tras la destitución del actual mandatario que implicaría un traspaso de poder a Edmundo González, quien compitió contra Maduro en las elecciones presidenciales del año pasado.
Los observadores electorales independientes han dicho que las elecciones se vieron empañadas por el fraude y que González —quien desde entonces está exiliado en España— fue su legítimo vencedor.
“Lo que estamos hablando es de una operación de desmantelamiento de una estructura criminal, y eso contempla una serie de acciones y herramientas”, dijo Urruchurtu. Y añadió: “Tiene que ver con el uso de la fuerza, porque de otra manera no sería posible derrotar un régimen como el que estamos enfrentando”.
Los planes de la oposición incluyen persuadir a otros gobiernos para que emprendan acciones diplomáticas, financieras, de inteligencia y de aplicación de la ley, dijo.
Otro destacado miembro de la oposición venezolana, en su mayoría exiliada, que habló con la condición de mantener su anonimato para poder discutir este delicado tema, dijo que estaban en conversaciones con varias agencias estadounidenses.
El Departamento de Estado dijo que el gobierno estadounidense está centrado en la lucha contra los cárteles de la droga.
“Maduro no es el dirigente legítimo de Venezuela; es un prófugo de la justicia estadounidense que socava la seguridad regional y envenena a los estadounidenses, y queremos que comparezca ante la justicia”, dijo Tommy Pigott, portavoz adjunto del Departamento de Estado, cuando se le pidió que hiciera un comentario para este artículo.
“Estados Unidos participa en una operación contra un cártel de la droga, y cualquier afirmación de que estamos coordinándonos con alguien en algo que no sea este esfuerzo específico es completamente falsa”, añadió.
En general, el derecho internacional prohíbe el uso de la fuerza en otro país sin su consentimiento o sin el permiso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero el gobierno estadounidense, bajo el gobierno de Biden, reconoció a González como legítimo vencedor de las elecciones de 2024. Si González anuncia que aprueba una intervención, el gobierno de Trump podría afirmar que eso significa consentimiento.
Durante su primer gobierno, Trump apoyó el intento de sublevación de otro líder de la oposición contra Maduro e impuso sanciones punitivas a Venezuela. Pero la campaña actual es mucho más amplia, principalmente debido a los ataques militares y a la acumulación de tropas estadounidenses.
Solo un pequeño número de funcionarios participa en las conversaciones de planificación de la Casa Blanca sobre Venezuela. Algunas personas informadas de las conversaciones sugirieron que Rubio y sus aliados estaban buscando formas de derrocar a Maduro sin tener que recurrir a la acción militar directa de Estados Unidos.
El ‘fugitivo’
En las últimas semanas, Rubio ha hablado enérgicamente de la intención del gobierno de Trump de obligar a Maduro a enfrentar la acusación del Departamento de Justicia.
El Departamento de Estado aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por cualquier información que condujera a la detención y condena de Maduro por los cargos de narcotráfico.
Como senador republicano por Florida, Rubio fue uno de los impulsores de los esfuerzos del primer gobierno de Trump para deponer a Maduro. Rubio, hijo de migrantes cubanos, sostiene desde hace tiempo que sacar a Maduro del poder debilitaría al gobierno comunista de Cuba, estrecho aliado de Venezuela.
Rubio y muchos políticos republicanos también son muy conscientes de la importancia de la situación de Venezuela para los votantes de Florida de origen cubano y venezolano, muchos de los cuales se oponen a los gobiernos de sus países de origen.
Trump no ha declarado explícitamente que su objetivo sea deponer a Maduro, pero se ha jactado de la nueva campaña militar en el Caribe.
“Recientemente hemos empezado a utilizar el poder supremo del ejército de Estados Unidos para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de traficantes dirigidas por Nicolás Maduro”, dijo la semana pasada en un discurso ante la Asamblea General de la ONU.
“Haremos que desaparezcan”, añadió.
Rubio ha dicho que Trump “va a hacerle la guerra a las organizaciones narcoterroristas”, a pesar de la falta de autorización del Congreso para cualquier conflicto armado con ellas.
Los expertos en derecho afirman que los ataques militares letales contra barcos sospechosos de contrabando de drogas han sido ilegales.
La Casa Blanca argumenta que los ataques están justificados como una cuestión de defensa propia porque cada año mueren unos 100.000 estadounidenses por sobredosis. (El aumento de estas muertes en los últimos años ha sido impulsado por el fentanilo, cuyo suministro a Estados Unidos se produce casi en su totalidad en laboratorios de México, no de Sudamérica).
“Como ha dicho el presidente, Maduro debe dejar de enviar drogas y criminales a nuestro país”, dijo la Casa Blanca en un comunicado cuando se le pidió un comentario para este artículo. “Está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia”.
En 2019, Rubio apoyó a John Bolton, entonces asesor de seguridad nacional de Trump, y a Mike Pompeo, secretario de Estado, para respaldar a Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana que intentó apartar a Maduro del poder.
Con cierto apoyo militar, Guaidó intentó avivar un levantamiento que se desvaneció. Al año siguiente, un intento de golpe de Estado planeado por un exsoldado boina verde estadounidense también fracasó.
Hoy en día, el panorama en Venezuela sigue siendo difícil para la oposición, a pesar de que la mayoría del país ha manifestado un fuerte deseo de cambio.
En las elecciones del año pasado, aproximadamente el 70 por ciento de la población votó por González, según los recuentos en papel de las máquinas de votación que fueron recogidos por la oposición. El Centro Carter, un observador independiente de los votos, consideró que el recuento de la oposición era correcto.
Sin embargo, los militares venezolanos se han mantenido leales a Maduro, a pesar de los años de magros salarios y represión política.
Drogas y diplomacia
Algunos altos funcionarios estadounidenses, entre los que destaca Richard Grenell, enviado de Trump a Venezuela y director ejecutivo del Centro Kennedy, afirman que cualquier intento de destituir a Maduro por la fuerza sería erróneo.
Esos funcionarios sostienen que ampliar la campaña contra Venezuela hasta convertirla en una operación de cambio de régimen entraña el riesgo de meter a Estados Unidos en una guerra prolongada del tipo que Trump prometió evitar durante su campaña electoral.
Grenell y sus partidarios afirman que la negociación diplomática es la mejor forma de proteger los intereses económicos estadounidenses en Venezuela.
Grenell se ha enfrentado a Rubio en varios temas del actual gobierno, y uno ha sido la forma de lograr que Maduro liberara a los rehenes estadounidenses. Grenell negoció la liberación de varios rehenes estadounidenses y llegó a un acuerdo para que Venezuela readmitiera a los migrantes irregulares detenidos por el gobierno de Trump. Trump le ha pedido a Grenell que trate de conseguir resultados importantes mediante conversaciones que se mantienen en secreto.
En un discurso pronunciado en un acto del Comité de Acción Política Conservadora celebrado este mes en Paraguay, Grenell dijo que aún había tiempo para la diplomacia.
“Creo en la diplomacia”, dijo. “Creo en evitar la guerra”.
En una entrevista concedida a The New York Times el viernes pasado, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que su país no era un gran productor ni exportador de drogas y que no tenía “duda de que uno de los objetivos estratégicos” del gobierno de Trump “es lo que llaman ‘cambio de régimen’”.
Rodríguez dijo que Venezuela pretendía seguir dialogando con Grenell y normalizar las relaciones económicas con Estados Unidos, y dijo que las bases de Trump habían votado por el crecimiento económico, “no más guerras”.
Este mes, Maduro le envió una carta de tres páginas a Trump insistiendo en que su país no exportaba drogas.
La carta, fechada el 6 de septiembre, pedía conversaciones para aliviar las tensiones, según dijeron a The New York Times varias personas informadas de su contenido. La carta no fue divulgada hasta el 21 de septiembre, cuando Rodríguez la publicó en internet y dijo que había sido entregada a Washington a través de un intermediario.
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, dijo la semana pasada que el gobierno recibió la carta pero la había desestimado.
Las Naciones Unidas afirman que la mayor parte de la coca, producto base de la cocaína, procede de Colombia y, en menor medida, de Perú y Bolivia. Aunque parte de la cocaína sale de Sudamérica a través de Venezuela, el país no es una fuente principal de drogas con destino a Estados Unidos, según un informe de 2020 de la DEA.
Yván Gil, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, dijo que una señal de que su país desea la diplomacia es que sigue aceptando vuelos de deportados a Estados Unidos dos veces por semana.
“Estamos dispuestos a conversar todo lo que haya que conversar con un país que es vecino, un país que es una potencia económica, es una potencia militar”, dijo Gil. Añadió que un gran conflicto provocaría una “migración desmedida” y un colapso económico que “desestabilizaría toda la región”.
Sin embargo, Gil dijo que hay algo que no está sobre la mesa en ninguna negociación: la salida de Maduro.
Eric Schmitt colaboró con reportería desde Washington, y Maria Abi-Habib desde Ciudad de México.
Julian E. Barnes cubre las agencias de inteligencia estadounidenses y asuntos de seguridad internacional para el Times. Ha escrito sobre temas de seguridad durante más de dos décadas.
Edward Wong cubre los asuntos globales, las políticas internacionales estadounidenses y el Departamento de Estado para el Times.
Julie Turkewitz es la jefa de la corresponsalía de los Andes del Times, y desde Bogotá cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú.
Charlie Savage escribe sobre seguridad nacional y política jurídica estadounidense.
Fuente: https://www.nytimes.com/es/2025/09/29/espanol/estados-unidos/trump-presion-maduro-venezuela.html?smid=whatsapp-nytes
