El Pleno del Congreso del Estado de Sonora turnó a comisiones de dictamen diversas iniciativas en materia electoral, de salud y movilidad, además de conocer posicionamientos sobre el primer año de gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y temas relacionados con procedimientos civiles y familiares.
El diputado David Figueroa Ortega (PVEM) presentó una iniciativa para exigir que las y los candidatos a diputaciones locales acrediten una residencia mínima de dos años en el distrito que buscan representar, con el fin de fortalecer la representación democrática y asegurar su vínculo real con la comunidad.
Por su parte, el diputado Rubén Refugio González Aguayo (PT) propuso una iniciativa que adiciona un capítulo a la Ley de Salud estatal para regular la calidad del aire en espacios interiores y prevenir el “síndrome del edificio o vivienda enferma”, otorgando a la Secretaría de Salud facultades de vigilancia y control, con el propósito de proteger la salud de la población.
Enseguida, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Sonora, con el fin de que el Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora (Imtes) implemente un programa permanente de revisión de todas las unidades de transporte público y de personal, así como de sus operadores, en la búsqueda de asegurar condiciones de seguridad en la prestación del servicio.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Salud, y de Movilidad y Seguridad Vial para su análisis y posterior dictamen.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, presentó un posicionamiento en el que celebró el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resaltando avances en bienestar social, igualdad de género y justicia, y reafirmando su compromiso con la Cuarta Transformación.
Antes de finalizar la sesión, la diputada Gabriela Danitza Félix Bojórquez (MC), en su posicionamiento, destacó la necesidad de que el Poder Judicial de Sonora cuente con los recursos necesarios para implementar oportunamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, garantizando así el acceso efectivo de la ciudadanía a la justicia civil y familiar.
