La Mesa Directiva del Congreso del Estado de Sonora turnó a diversas comisiones iniciativas en materia de salud infantil, abuso sexual, planeación hídrica y rendición de cuentas de personas regidoras. Asimismo, se presentaron posicionamientos sobre la tarifa social de agua potable, la situación del Isssteson, el “Día Internacional de la Discapacidad” y la tragedia de San Pedro de la Cueva de 1915.
La diputada Alejandra López Noriega presentó una iniciativa de ley que establece acciones integrales para prevenir la diabetes tipo 2 y enfermedades metabólicas en niñas, niños y adolescentes de Sonora, al prohibir la venta de bebidas azucaradas en escuelas, incorporar educación nutricional en los programas escolares y limitar la publicidad de productos ultraprocesados alrededor de los planteles.
Posteriormente, la diputada María Alicia Gaytán Sánchez (Morena) presentó una reforma a los artículos 213 y 214 del Código Penal de Sonora, mediante la cual se redefine el abuso sexual, se elevan las penas, se endurecen los criterios para acreditar el consentimiento, se incorporan agravantes por violencia, abuso de autoridad o vulnerabilidad de la víctima, y se establecen medidas reeducativas, pérdida de patria potestad y reparación del daño.
El diputado Omar Francisco Del Valle Colosio (PVEM) planteó una reforma a la Ley de Aguas del Estado de Sonora cuyo propósito es incorporar el Plan Hídrico como instrumento rector de la política hídrica estatal, estableciendo metas y actualizaciones de largo, mediano y corto plazo en materia de gestión del agua.
Por su parte, el diputado Norberto Barraza Almazán presentó una reforma a la Ley de Gobierno y Administración Municipal con el objetivo de establecer como obligación que las personas regidoras de los 72 municipios presenten un informe anual de actividades y gestiones, a fin de fortalecer la rendición de cuentas, una práctica que ya opera en 17 entidades del país.
Las iniciativas fueron turnadas a las comisiones de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud; Justicia y Derechos Humanos; del Agua; y Presupuestos y Asuntos Municipales para su análisis y, en su caso, dictaminación.
Durante la sesión ordinaria se presentaron diversos posicionamientos: la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena) abordó la tarifa social de agua potable; la diputada Ana Gabriela Tapia Fonllem (PRD) se refirió a la situación del Isssteson; la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) destacó el “Día Internacional de la Discapacidad”; y el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT) recordó la tragedia ocurrida en San Pedro de la Cueva el 2 de diciembre de 1915.
La próxima sesión del Pleno se citó para este jueves 4 de diciembre, a las 10:00 horas.
Busca Omar Del Valle Colosio asegurar planeación estratégica del agua
El diputado Omar Del Valle Colosio, presentó ante el Congreso de Sonora una iniciativa para reformar la Ley de Aguas del Estado, con el fin de incorporar el Plan Hídrico del Estado de Sonora como instrumento rector de la política pública en materia de agua, con lo que busca fortalecer la planeación técnica y de largo plazo que permita garantizar el derecho humano a este recurso.
La iniciativa plantea que el Plan Hídrico tenga componentes de mediano y largo plazo, con vigencias de 15 y 30 años, respectivamente, revisiones anuales y la participación del Consejo Estatal del Agua, especialistas y sectores productivos; lo que permitirá que las decisiones en torno al agua no dependan de ciclos administrativos o coyunturales, sino de un marco jurídico estable que priorice la sustentabilidad y el bienestar social de las y los sonorenses.
Durante la presentación, el diputado Del Valle Colosio destacó la urgencia de consolidar una visión hídrica a futuro: “Sonora no puede seguir enfrentando los desafíos del agua con acciones aisladas o de corto plazo; necesitamos una planeación técnica, humana y sostenible que dé certeza a las familias y a los sectores productivos del estado”, afirmó.
Esta reforma, subrayó el legislador, representa una oportunidad histórica para que la política hídrica de Sonora deje de estar sujeta al calendario electoral y se convierta en una política de Estado, teniendo la posibilidad de asegurar que el acceso al agua se garantice con igualdad territorial y que los municipios históricamente rezagados sean atendidos, consolidando así un marco de seguridad hídrica para las próximas generaciones.
