El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes que ordenará bloquear todos los “buques petroleros sancionados” que se dirijan a Venezuela, medida que anunció a través de una publicación en su red social Truth, en la que escaló su retórica contra el gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro y justificó la decisión con acusaciones de terrorismo, narcotráfico y robo de activos.
En su mensaje, Trump afirmó que Venezuela se encuentra “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica” y advirtió que el cerco militar “solo crecerá”, al tiempo que amenazó con una ofensiva inédita contra Caracas.
“La conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente”, escribió el inquilino de la Casa Blanca.
El mandatario estadunidense sostuvo que “el régimen ilegítimo de Maduro utiliza el petróleo de estos yacimientos robados para financiarse, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”, y aseguró que, por estas y “muchas otras razones”, el gobierno venezolano fue designado por Washington como una organización terrorista extranjera.
Añadió además que los “inmigrantes ilegales y criminales” que, según él, fueron enviados por el gobierno venezolano a Estados Unidos durante la administración de Joe Biden “son devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.
Trump reiteró que Estados Unidos “no permitirá que criminales, terroristas ni otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación”, ni que “un régimen hostil se apodere de nuestro petróleo, tierras ni ningún otro activo”, los cuales —subrayó— “deben ser devueltos a Estados Unidos inmediatamente”.
Desde Caracas y entre analistas críticos de la política estadunidense hacia Venezuela, se subraya que fue Estados Unidos el que ha retenido y controlado activos petroleros venezolanos en el exterior, en particular la empresa Citgo Petroleum Corporation, filial de la estatal PDVSA, cuya administración fue transferida con respaldo de Washington.
Para el gobierno venezolano, esta medida constituye un despojo ilegal de recursos nacionales y un ejemplo de cómo las sanciones han sido utilizadas para apropiarse de bienes estratégicos del país sudamericano.
