El gobernador Alfonso Durazo Montaño rechazó que las investigaciones en curso contra exfuncionarios del gobierno de Claudia Pavlovich obedezcan a una persecución política y aseguró que su administración no utilizará la justicia con fines de revancha, pero tampoco encubrirá a nadie.
El mandatario estatal respondió así a los señalamientos de la presidenta del PRI en Sonora, Guadalupe Soto, quien acusó una supuesta “cacería de brujas” en los procesos que enfrentan exintegrantes de las secretarías de Educación y Cultura (SEC) y de Hacienda, entre ellos Ernesto “Pato” de Lucas, Víctor Guerrero y Raúl Navarro, respectivamente.
Durazo sostuvo que las indagatorias se sustentan en hechos concretos y no en intereses partidistas. “No hemos utilizado la justicia para lastimar, pero no vamos a proteger a nadie”, afirmó.
En el caso de la Secretaría de Educación y Cultura, donde el extitular Ernesto de Lucas es señalado por la presunta firma de contratos que habrían permitido el desvío de más de 280 millones de pesos a través de una empresa de seguros, el gobernador detalló que se detectaron diversas irregularidades.
Explicó que a trabajadores se les descontó el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el cual fue canalizado a un fideicomiso y posteriormente a empresas particulares, sin que dichos recursos fueran enterados al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Indicó que fue a partir de una demanda del SAT contra el Gobierno del Estado por el pago de ese impuesto que las autoridades tuvieron conocimiento del caso.
Respecto a la Secretaría de Hacienda, Durazo señaló que se contrataron cuatro empresas por un monto de 840 millones de pesos, de los cuales se pagaron 340 millones, quedando un adeudo de 500 millones.
Añadió que las empresas denunciaron al Gobierno del Estado para exigir el pago restante; aunque el litigio fue ganado por la administración estatal, no existen evidencias de que el Gobierno haya recibido algún beneficio de los servicios contratados.
Las acusaciones formales
Raúl Navarro, exsecretario de Hacienda en los seis años del gobierno de Claudia Pavlovich y una de las figuras con más poder en esa administración, fue acusado por la Fiscalía de Sonora por los delitos de peculado y asociación delictuosa.
Lo anterior, debido a la celebración diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, destinados a asesorías en procedimientos administrativos.
En el caso de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), su extitular Víctor Guerrero González y el exsubsecretario de Planeación, Francisco Alberto Curiel Montiel, fueron detenidos en agosto de este año por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado e incumplimiento de un deber legal.
En Proyecto Puente, el titular de la Fiscalía Anticorrupción, Mauricio Ibarra Romo, reveló que durante la administración de Pavlovich en la SEC se realizó un daño patrimonial cercano a los 290 millones de pesos. Explicó que los recursos desviados correspondían al capítulo 1000 de servicios personales, destinados a nóminas y prestaciones del personal, y fueron transferidos a la empresa Consulta Actuarios, que nunca cumplió con lo ofrecido. Las transferencias se realizaron entre 2018 y 2021, primero a un fideicomiso bancario y luego a una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL).
Según el fiscal Anticorrupción, Guerrero y Curiel desviaron los recursos bajo la modalidad de un “programa de beneficios múltiples”, que requería autorización del SAT, la cual nunca se otorgó: “Desviaron recursos que debían destinarse a su objetivo original y los canalizaron a otro”, indicó.
Este último caso involucra ahora al también extitular de la dependencia Ernesto de Lucas Hopkins, a quien la Fiscalía acusa de presunto peculado, luego de que firmara contratos que permitieron la posterior desviación de recursos.
En Proyecto Puente, De Lucas Hopkins acusó a la Fiscalía de fabricarle delitos y de utilizar como prueba un documento que -asegura- no contiene su firma, por lo que denunció enfrentar acusaciones sin sustento jurídico y un proceso con irregularidades.
