En un hecho calificado como un acto de justicia social sin precedentes, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció hoy junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la resolución definitiva de la huelga minera de la Sección 65 y el conflicto ambiental del Río Sonora, problemáticas que permanecieron estancadas durante 18 y 11 años, respectivamente.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario estatal informó que, mediante un intenso proceso de diálogo institucional encabezado por la Secretaría de Gobernación, SEMARNAT y la Secretaría del Trabajo, se logró un acuerdo que garantiza la reparación de daños y el cumplimiento de derechos laborales y ambientales.
Reparación económica y justicia laboral
El acuerdo establece una bolsa total de 2 mil 222 millones de pesos destinados a sanear las deudas históricas con la región. De este monto:
Grupo México aportará mil 500 millones de pesos.
El Gobierno de México y el Gobierno de Sonora aportarán los 722 millones restantes.
Esta inversión permitirá la liquidación legal de más de 651 mineros de la Sección 65, poniendo fin a casi dos décadas de incertidumbre laboral. Con este paso, Cananea deja de ser un referente de conflicto para convertirse en un modelo de solución por la vía legal.
Justicia ambiental para el Río Sonora
El gobernador destacó que el Plan de Justicia no solo contempla apoyos asistenciales, sino que eleva a las comunidades del Río Sonora al rango de sujetos de justicia ambiental. Los recursos se aplicarán prioritariamente en tres ejes fundamentales:
Salud: Fortalecimiento de la atención médica para los habitantes.
Agua: Infraestructura para garantizar el suministro de agua limpia.
Suelo: Acciones técnicas de remediación para revertir el impacto de la contaminación.
Un cierre generacional
“La atención de conflictos prolongados evita su reproducción social, económica y política en el territorio”, señaló Durazo Montaño, subrayando que esta resolución repara agravios acumulados por generaciones de sonorenses que habían sido ignorados por administraciones pasadas.
Con este anuncio, el Gobierno Federal y el de Sonora cierran uno de los capítulos más complejos de la historia social del estado, apostando por la estabilidad y la paz social en la zona serrana y minera de la entidad.
