Hermosillo, Sonora.- En el segundo Parlamento Abierto de la Ley de Seguridad Privada del Estado de Sonora realizado en el auditorio del Congreso del Estado y al que convocó la diputada Ernestina Castro Valenzuela, los participantes coincidieron en la importancia de generar la figura del guardia certificado, a efecto de profesionalizar esta actividad.
También propusieron que se escuche la voz de los empresarios, que son quienes invierten su patrimonio en la creación de empresas de seguridad privada, por lo cual requieren el apoyo de las instancias de gobierno correspondientes al momento de iniciar los trámites y que se les provean facilidades.
La diputada Ernestina Castro Valenzuela, coordinadora del grupo parlamentario de MORENA, encabezó este foro de Parlamento Abierto para exponer los principales puntos que contiene la iniciativa que presentó el 25 de octubre de 2022 ante el Pleno del Congreso, con proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Privada para el Estado de Sonora.
Afirmó que esta consulta tiene como fin hacer copartícipes a todas aquellas personas físicas y morales, públicas o privadas y, en sí, a toda la ciudadanía interesada en participar en el tema de la seguridad privada en Sonora, con propuestas, opiniones, ideas o sugerencias sobre la iniciativa que presentó el año pasado.
“Es interés de las y los diputados que integramos el Congreso del Estado generar y mantener acercamientos con la ciudadanía, para que nos ayude a tomar las decisiones más adecuadas en la construcción de normas o leyes, es por esto que, a través de tres foros regionales que habremos de llevar a cabo para implementar el Parlamento Abierto de la iniciativa en cuestión, habremos de escuchar a todas y todos los interesados”, externó.
La legisladora agregó que la idea es mejorar el marco normativo en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales de las personas que trabajan como guardias de seguridad y personal operativo de las diversas empresas dedicadas a la importante actividad de la seguridad privada, esta, como complemento de la seguridad pública de las personas.
Entre las modificaciones que propone realizar en la Ley de Seguridad Privada expuso que se establece como requisito para que la autoridad facultada autorice la prestación del servicio de seguridad privada, que la prestadora de servicio deberá presentar la constancia de que su personal operativo se encuentra dado de alta en el IMSS.
Además de que deberá acreditar que durante la relación laboral mantiene vigente el servicio de seguridad social a favor de su personal operativo; se establece como obligación de los prestadores de servicio de seguridad privada, mantener vigente y acreditar el servicio de seguridad social de sus empleados o personal operativo.
Castro Valenzuela agregó que en la iniciativa también propone que los prestadores de servicio deberán mantener constantemente capacitado a su personal operativo; las prácticas de verificación estarán sujetas a lo que disponga la Ley de Procedimientos Administrativos; y en cuanto a la mala actuación de los servidores públicos que realicen el proceso de verificación, estarán sujetos a lo que dispone la Ley de Responsabilidades y Sanciones del Estado de Sonora.
Otra de las propuestas es establecer como sanción de revocación de la autorización para prestar servicio de seguridad privada, incumplir con la obligación de mantener capacitados y vigente el servicio de seguridad social de los empleados, y exista violación a los derechos laborales y humanos del personal operativo, señaló.
Presentan propuestas
En la etapa de comentarios y propuestas hubo coincidencia entre varios de los asistentes en la importancia de la capacitación para acceder a mejores salarios, a servicios de seguridad social y a beneficios, como utilidades.
Claudio Huidobro, guardia de seguridad afiliado a la CTM, dijo que le hubiera gustado que en este Parlamento Abierto participara un representante de la Secretaría de Economía, porque de ahí dependen apoyos, quitas de regulación e incentivos, puesto que el Estado debe ser un facilitador de esta actividad.
“Así como se les da a los ganaderos, a los pescadores, a los campesinos, también se les deben proveer a los empresarios facilidades impositivas, facilidades en los trámites, porque son parte también de este proceso”, externó.
En la Ley Federal del Trabajo solo aparece la figura del velador, a quien se le define como un trabajador nocturno que hace rondas, a pesar de que los guardias de seguridad hacen muchas actividades, de manera que dicha figura les queda corta y por eso insisten en que se genere la figura del guardia certificado, para con eso elevar el nivel de habilidades y destrezas, sostuvo Huidobro.
Jesús Baldenegro, quien también se desempeña como guardia de seguridad, solicitó a la diputada Ernestina Castro Valenzuela que se tomen en cuenta diversas demandas de quienes se desempeñan en esta actividad, relacionadas con los horarios de trabajo, la capacitación que requieren, prestaciones como caja de ahorro y estímulos por el desempeño.
El Presidente de la Asociación de Empresarios de Seguridad Privada, Víctor Carrillo, comentó que los trabajadores se enfrentan a un modelo de prestación de servicio de 40 años atrás, sin gestión, sin capacitación y sin los precios reales de venta de los servicios, y el hecho de que un guardia vaya a ingresar requiere compra de botas, pantalones, camisas, corbatas, gorras, equipo de protección personal, capacitación, entre otros.
“¿Qué es lo que tenemos que hacer?: sumar esfuerzos todos para poder solucionar esto; si nosotros tenemos que vender los servicios y nuestros clientes no pagan lo que realmente cuesta, y el servicio tenemos que reducir realmente un quince por ciento todavía, cuánta es la utilidad que están ganando las empresas”, cuestionó.
Heriberto Serrano Campos, en representación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, dijo que coinciden en muchos de los temas planteados, porque todo lo que venga a fortalecer el cumplimiento de la Ley, en beneficio de un sector tan importante como lo es la seguridad pública, les interesa.
“Si bien es cierto, la Secretaría de Seguridad Pública es el órgano regulador que se encarga de verificar que un interesado, cualquier empresa, persona física o moral solicite una autorización para ejercer la actividad de seguridad privada en todas las modalidades, vemos los requisitos, pero hay una parte que se ha quedado en el vacío, que es la parte laboral, que entra dentro de lo que es un parámetro que mide la Ley de Seguridad Privada”, expresó.
Sin embargo, sostuvo, quedan limitados cuando entra la competencia laboral, por eso sería importante armonizar la iniciativa para poder hacer una competencia efectiva entre las autoridades que tienen que entrar en el tema laboral y realizar un trabajo coordinado.
Román Holguín, secretario del trabajo de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, consideró positivo tener una legislación actualizada, pero si no hay una correcta regulación y vigilancia en su aplicación, será una Ley que quedará como otras “durmiendo el sueño de los justos”.
Además de la Secretaría de Seguridad Pública se requiere la participación de la Secretaría del Trabajo, indicó, ya que a nivel federal tiene, a través del nuevo Reglamento de Inspección Federal, que tiene que ver con las condiciones generales de trabajo de las empresas y auditorías para conocer qué hacen las empresas generadoras de fuentes de trabajo.
Rubén González Ibarra, miembro del Comité Técnico Asesor de Parlamento Abierto del Congreso del Estado, afirmó que deben considerarse los puntos de vista de los ciudadanos, de la academia y de la seguridad pública, ya que no es poca cosa el tema de la seguridad privada, al existir más de 400 empresas que se dedican a esta materia en el Estado de Sonora.
“Qué explicación nos pueden dar los responsables a nivel federal y a nivel estatal del por qué en Sonora, específicamente, hay alrededor de 250 empresas de seguridad privada que están trabajando en la ilegalidad; qué respuesta hay como para que, en ese tema, no se esté asumiendo la responsabilidad conforme al marco jurídico de la seguridad pública”, aseveró.
A este Parlamento Abierto asistieron la diputada María Jesús Castro Urquijo y el diputado Ernesto De Lucas Hopkins, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana. El tercer foro se realizará este viernes 14 de julio, en el municipio de H. Nogales, Sonora.
