A 17 años del incendio en la Guardería ABC, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este jueves que los delitos cometidos en la tragedia que cobró la vida de 49 niños y dejó 106 heridos son imprescriptibles, lo que abre la puerta a investigar y perseguir a a más exfuncionarios vinculados con los hechos.
La decisión se tomó al aprobar, por unanimidad, el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, que concluyó que la tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, y la omisión del Estado en su deber de cuidado hacia los menores constituyeron “violaciones graves” a los derechos de la infancia. Aunque el resultado fue unánime, varios ministros discreparon de los argumentos utilizados.
“Se concluye que en aras de no permitir que graves violaciones de derechos humanos gocen de condiciones de impunidad la prescripción es inadmisible e inaplicable respecto de la acción penal ejercida por delitos cometidos en los hechos cometidos como el caso guardería ABC”, dijo la ponente.
El asunto -que motivó un minuto de silencio del Pleno por las víctimas-, fue aprovechado por las ministras María Estela Ríos González y Lenia Batres Guadarrama para atribuir la tragedia ocurrida en el sexenio de entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa al “modelo neoliberal” que privatizó las guarderías e incluso “destruyó la actividad solidaria del Estado mexicano”, y advirtieron que una situación similar no debe repetirse.
“Fue producto de un modelo de neoliberal que privatizó el servicio de las guarderías del Estado. Hay que tenerlo muy presente porque pareciera que es inocuo y que sí hubo responsabilidad del Estado porque el Estado fue el que privatizó el servicio de las guarderías y en ese sentido omitió darle la debida atención al servicio de guarderías. Recordemos eso para que no se nos olvide y digamos no a un nuevo proyecto que intente privatizar los servicios de salud pública”, dijo Ríos González.
Por su parte, la ministra Batres Guadarrama dijo que la tragedia es producto de “un modelo de renuncia del Estado” a garantizar la seguridad social y el cuidado de la infancia.
“Este modelo neoliberal destruyó esa actividad solidaria del Estado mexicano que antes habían asumido los institutos mexicanos de seguridad social y y de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del Estado”, señaló.
Van contra exfuncionario
El pronunciamiento de la Corte se centró en el amparo en revisión 648/2024 promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS (2006 -2009), quien fue detenido tras una denuncia presentada por el Instituto en 2020, al igual que la entonces coordinadora nacional de Guarderías, debido a que ambos no habían sido investigados previamente por el caso ABC.
El exfuncionario impugnó la vinculación a proceso que se le dictó el 18 de noviembre de 2020 por homicidio y lesiones culposas por omisión en agravio de niños, así como la prisión preventiva justificada. En el amparo sostuvo que la acción penal había prescrito porque el plazo para perseguir esos hechos venció el 13 de septiembre de 2019, pero los tribunales federales le negaron la razón.
“El deber de buscar la verdad, de investigar y en su caso de sancionar, no caduca con el paso de los años y mucho menos cuando las víctimas fueron niñas y niños que empezaban su vida. Estoy consciente de que esta resolución no devolvemos la vida de estas 49 menores de edad, ni reparamos por completo el dolor de sus familias, pero sí honramos su memoria”, resaltó la ministra Yasmín Esquivel Mossa.
El fallo de la SCJN devolvió el caso al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito para que emita una nueva sentencia de amparo bajo ese criterio y analice los demás argumentos del exfuncionario contra su vinculación a proceso.
