Señaló que la decisión “subraya el compromiso” del presidente Donald Trump para desmantelar a las organizaciones que Washington considera responsables de actividades de narcotráfico y violencia transnacional
El gobierno de Estados Unidos anunció la designación del Cártel de Juárez y de Los Viagras como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una medida que, según afirmó la Embajada estadunidense en México, permitirá ampliar las acciones legales contra integrantes de ambos grupos y contra quienes les proporcionen financiamiento o cualquier tipo de apoyo.
El embajador Ronald Johnson, señaló que la decisión “subraya el compromiso” del presidente Donald Trump para desmantelar a las organizaciones que Washington considera responsables de actividades de narcotráfico y violencia transnacional.
“Estos grupos —y cualquier persona que los financie, facilite o colabore con ellos o con cualquier otro cártel— serán llevados ante la justicia”, escribió en su cuenta de X el diplomático al compartir un comunicado emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio.
Johnson añadió que ambos gobiernos continúan colaborando para interrumpir el tráfico de drogas, armas de fuego y otras actividades ilícitas que afectan a México y Estados Unidos.
La publicación remite a un pronunciamiento del Departamento de Estado encabezado por Rubio, en el que se formaliza la incorporación del Cártel de Juárez y Los Viagras al listado de Organizaciones Terroristas Extranjeras, una figura prevista en la legislación estadounidense que permite imponer sanciones adicionales y ampliar las facultades de investigación y persecución penal contra personas y entidades vinculadas con dichos grupos.
La designación implica consecuencias legales dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, entre ellas restricciones financieras, congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense y posibles procesos penales contra quienes brinden apoyo material a las organizaciones incluidas en esa lista.
En meses recientes, funcionarios estadunidenses han sostenido que esta clasificación busca fortalecer las herramientas legales para combatir las redes de narcotráfico, financiamiento y lavado de dinero que operan en ambos lados de la frontera. México, por su parte, ha manifestado en ocasiones anteriores que la cooperación bilateral debe realizarse con respeto a la soberanía nacional.
