Hermosillo, Sonora.- Para que deje sin efecto los actos relacionados con el cambio de denominación de nomenclatura de la vía pública del “Camino del Seri”, el Congreso del Estado aprobó hacer la solicitud al H. Ayuntamiento de Hermosillo y al Consejo de Nomenclatura Municipal del mismo.
La iniciativa con punto de Acuerdo fue presentada por las y los diputados Elia Sahara Sallard Hernández, Jacobo Mendoza Ruiz, Karina Teresita Zárate Félix, Celeste Taddei Arriola y José Rafael Ramírez Morales, quienes se refieren a la aprobación, el pasado 28 de febrero, por parte del Cabildo de Hermosillo, para cambiar el nombre de la vialidad “Camino del Seri” por el de “Javier Gándara Magaña”.
“Si bien es cierto que es facultad de dicho Ayuntamiento, pero esta acción, como todo acto de autoridad, debe observar el principio de legalidad, en tal sentido, debe de observar el cumplimiento de ciertos lineamientos y requisitos que señala el Artículo 16 del Reglamento de Designación de Nomenclatura para los Bienes de Dominio Público del Municipio de Hermosillo, Sonora”, destaca.
A nombre de quienes suscriben la iniciativa, la diputada Celeste Taddei Arriola leyó ante el Pleno la propuesta en la que establecieron que, dicha autoridad municipal solo podrá cambiar la denominación de los bienes de dominio público del Municipio, previa aprobación y propuesta del Consejo Municipal de Nomenclatura, y que la solicitud del promovente contenga la firma de conformidad del 90 por ciento de los vecinos.
Expuso que los suscritos, diputadas y diputados representantes de los diversos distritos electorales locales que integran el municipio de Hermosillo, reconocen es de dominio público que el acuerdo tomado por el gobierno municipal ha generado un fuerte descontento ciudadano de aquellas personas que habitan o transitan por dicha vía pública e, incluso, se han acercado a ellas y ellos un gran número de ciudadanos vecinos de esta rúa, que están inconformes con la determinación y procedimiento realizado por la autoridad municipal, ya que no fueron consultados.
En la iniciativa, que fue aprobada por mayoría, refieren que, de acuerdo al Artículo 23 del Reglamento respectivo, poner el nombre de una persona física a un bien de dominio público municipal, constituye el mayor homenaje que el Municipio y sus vecinos le otorgan, por lo que, para que pueda cumplir con la legitimidad necesaria en este tipo de actos, se requiere la certeza jurídica; que las y los ciudadanos avecindados del bien de dominio público en cuestión estén enterados en tiempo y forma y que, a su vez, hayan expresado de manera firme su consentimiento o aceptación.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó emitir un atento exhorto a los 72 ayuntamientos de la entidad, a fin de que suscriban la Declaración de Venecia, que es en beneficio de las familias y como esfuerzo tendiente al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, de la Agenda 2030, a propuesta de la diputada Karina Teresita Zárate Félix.
La legisladora afirmó que las familias son agentes facilitadores para la consecución de los ODS, por lo que, además de los retos que representa la prosperidad y la búsqueda de bienestar social para las familias, los gobiernos locales enfrentan muchos de los retos globales actuales, desde los efectos del cambio climático hasta la desigualdad social.
“Los gobiernos locales y regionales son los encargados de proporcionar la gran mayoría de los servicios públicos relevantes, por lo que los gobiernos locales y sus diversas instituciones, son actores clave en los procesos de implementación, seguimiento y evaluación de la Agenda 2030, además de que son fundamentales, ya que los ODS son locales”, expresó.
La diputada Zárate Félix agregó que se ha desarrollado un instrumento internacional concreto que propone a los gobiernos locales comprometerse a impulsar, entre otras, políticas familiares y de territorio que coadyuven a alcanzar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, conciliando lo expuesto respecto a la importancia de concebir a la familia en la formulación de las políticas públicas, así como de la importancia de los gobiernos locales respecto a su papel en la construcción del desarrollo sostenible.
En el desarrollo de esta plenaria, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, presentó una iniciativa con punto de Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso Acuerdo número 29, aprobado en la sesión del 9 de noviembre de 2021, con el objeto de llevar a cabo diversas modificaciones a la Comisión de Administración.
El diputado Ernesto Roger Munro Junior dio lectura al Acuerdo, en el que destaca que, las y los integrantes de la Comisión de Administración han decidido que, en lo sucesivo, sea el grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario, representado por la diputada Paloma Terán Villalobos, quien ejerza dicha presidencia durante el siguiente año legislativo.
Indicó que en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 24 de enero de 2023, la diputada Margarita Vélez De la Rocha, representante del grupo parlamentario de MORENA ante la referida comisión, solicitó licencia para separarse del cargo, por lo que su lugar será ocupado por la diputada Griselda Ilian López Martínez, quien representará a dicha fracción al interior de ese órgano administrativo.
Otra modificación al interior de la Comisión de Administración, a solicitud del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, se refiere a la incorporación del diputado José Armando Gutiérrez Jiménez, en sustitución de la diputada Sagrario Montaño Palomares.
En esta sesión ordinaria, el Pleno aprobó el Decreto que reforma el Artículo 3 de la Ley de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, para que se reconozca como una comunidad indígena colectiva al pueblo n ´d e e o d´nee o ndé, a efecto de que su incorporación propicie la implementación de programas o planes que aporten a su desarrollo.
A nombre de la dictaminadora, el diputado Arturo Robles Higuera señaló que son dos aspectos a considerar: el primero, atendiendo a sus derechos colectivos, y el segundo, a sus derechos individuales, lo que garantizará, dijo, autodeterminación y otros derechos humanos de las personas que forman parte de este grupo.
La Presidencia turnó a la Comisión de Salud una iniciativa presentada por los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, ISSSTESON.
El diputado José Armando Gutiérrez Jiménez informó que en la iniciativa se propone adicionar un artículo 68 bis a la Ley del ISSSTESON, con el objeto de introducir la figura de la jubilación temprana por discapacidad motriz o neuromotora, y que los y las trabajadoras incorporadas a dicho instituto puedan acceder a jubilarse a los 45 años, habiendo cotizado como mínimo 15 años.
Agregó que esta iniciativa surgió del acercamiento de una ciudadana que vive con una discapacidad neuromotora, quien es trabajadora del Gobierno del Estado y que diariamente vive la lucha por poder continuar con sus labores, sabiendo que su discapacidad avanza silenciosamente.
En el caso de esta trabajadora con discapacidad, aspirar a una jubilación se convierte en un reto imposible, dijo, pues se trata de una persona de más de 50 años, que vive con una discapacidad motriz progresiva y que no puede aspirar a ese beneficio, sino a pensionarse por invalidez y recibir solo un porcentaje de su sueldo, de acuerdo a los años que haya cotizado al ISSSTESON.
