La reciente reforma al artículo 167 Quater del Código Penal no tiene el propósito de coartar la libertad de expresión, el derecho a la información ni cualquier otro derecho para impedir la transparencia o el escrutinio público en el actuar de las autoridades, aseguró Adolfo Salazar Razo.
El secretario de la Consejería Jurídica del estado, se refirió así a la armonización de legislación local de la entidad a los objetivos y alcances de “Ley Ingrid”, al imponer sanciones por la difusión de imágenes de cadáveres relacionados con una investigación penal.
Esta ley fue aprobada a nivel federal derivada del feminicidio de Ingrid Escamilla, de 25 años, a manos de su pareja; las fotografías del cuerpo de la mujer fueron filtradas por la policía y publicadas por medios de comunicación de corte amarillista de la Ciudad de México, lo que provocó la indignación de la ciudadanía y organizaciones feministas.
Salazar Razo explicó que la reforma, aprobada por unanimidad por el Congreso local, tuvo como fin proteger a las víctimas, evitando que se vulneren los derechos a la dignidad, privacidad e identidad de los occisos y sus familiares, para impedir la revictimización.
El consejero jurídico refirió que, para ajustar la ley a la realidad social del estado, la reforma será revisada por el área jurídica del Gobierno de Sonora para promover, ante el Congreso, los ajustes que pudieran ser necesarios, sin perder la esencia ni el espíritu original de la legislación.
