El presidente Joe Biden anunció nuevas regulaciones ejecutivas que facilitarán la vía hacia la regularización hasta de 500 mil inmigrantes indocumentados, en su mayoría mexicanos, casados con ciudadanos estadunidenses si es que han vivido en este país por lo menos durante 10 años y no tienen historial criminal.
Aunque a inmigrantes que se casan con ciudadanos estadunidenses en general les es permitido el acceso a la residencia permanente –una green card– bajo las regulaciones ya vigentes, gran parte de los indocumentados tienen que salir del país y hacer esa solicitud desde un consulado. Hay innumerables casos de indocumentados casados con estadunidenses que salen de Estados Unidos con la intención de regresar de manera documentada a los que no se les permite retornar con sus esposos e hijos. Los nuevos procedimientos anunciados ayer permitirán que un gran número de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses puedan solicitar la residencia legal como primer paso a la ciudadanía sin tener que abandonar este país.
El gobierno estadunidense calcula que la mayoría de los que podrán participar en este nuevo programa, el cual entra en vigor a finales del verano, serán personas que han permanecido en Estados Unidos durante 23 años en promedio y son mexicanos.
Un 70 por ciento de los estadunidenses apoyan este esfuerzo y la razón es sencilla, abraza el principio estadunidense de que debemos mantener juntas a las familias, declaró Biden al presentar su iniciativa en una ceremonia en la Casa Blanca, donde también anunció nuevas medidas para otorgar permisos de trabajo a adultos indocumentados que llegaron a este país siendo menores de edad y que ahora han egresado de la universidad.
Parte del contexto del anuncio de estas medidas, reconoció Biden, es la crítica que recibió hace un par de semanas para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México. Escuché lo que dijeron, pero toda nación tiene que actuar para asegurar sus fronteras, explicó. Agregó: podemos al mismo tiempo asegurar la frontera y otorgar vías legales para ciudadanos.
Funcionarios del gobierno de Biden argumentaron que la iniciativa ejecutiva para ayudar a cónyuges de estadunidenses es la medida de protección de indocumentados en este país más grande en 10 años. La medida también incluye la regularización de aproximadamente 50 mil menores de edad indocumentados del esposo/a indocumentada.
El diputado federal por Illinois Jesús Chuy García elogió de inmediato las nuevas medidas. El anuncio del presidente Biden ofrece esperanza y estabilidad para miles de familias de estatus mixto y beneficiarios de DACA, incluidos los de mi distrito. Uno de cada 10 niños en Illinois tiene un padre indocumentado. Agregó que es un paso en la dirección correcta, pero no podemos detenernos aquí. Debemos seguir presionando para que se otorguen permisos de trabajo a nuestros inmigrantes que han esperado ayuda durante décadas.
El senador Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en la cámara alta, junto con los diputados federales Joaquín Castro y Greg Casar, así como una mayoría de organizaciones de defensa y abogacía de los inmigrantes en el país, emitieron comunicados aplaudiendo las medidas anunciadas por la Casa Blanca ayer.
Aplauso mesurado
Para algunos es un paso positivo pero insuficiente. Es un aplauso mesurado, opinó el abogado de migración y analista José Pertierra en Washington. “Sí va a beneficiar a mucha gente y crea grandes expectativas… pero en esencia es sólo una medida que facilita algo que ya existe”, indicó Pertierra en entrevista con La Jornada. Señaló que sigue vigente un programa impulsado por Barack Obama que permite a que los cónyuges de indocumentados solicitar su residencia permanente y regular, aunque con la nueva medida no todos tienen que salir del país para hacer ese trámite. Más aún, no se conocen los detalles legales que condicionarán a quienes pueden solicitar la residencia y cómo cumplir con los requisitos para comprobar estancia y otros documentos para gente que ha sido obligada a vivir de manera clandestina.
De hecho, la mayoría de los 1.3 millones de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadunidenses no podrán emplear las nuevas medidas porque o llegaron en los últimos 10 años o tienen algo en su historial criminal. Por otro lado, la organización dirigida por el ex asesor antimigrante del ex presidente Donald Trump, Stephen Miller, anunció de inmediato que buscará anular la nueva medida ante los tribunales, y si procede esa disputa legal tiene el potencial de demorar la implementación de la medida a lo largo del otoño. Por su parte, una vocera de Trump condenó la nueva medida y anunció que será descartada tan pronto su jefe llegue a la Casa Blanca.
