La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde en lo general el dictamen de la reforma a la Constitución en materia del Poder Judicial de la Federación (PJF), mediante la cual se permitiría en 2025 la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, y reducir de 11 a 9 los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con la reforma, además, se acota que los juicios de amparo que resuelvan la inconstitucionalidad de normas generales, no tendrán efectos de carácter general, como ocurrió con la controversia contra la reforma en materia eléctrica y que benefició a todas las empresas del sector.
Después de un debate de más de seis horas, el dictamen se aprobó con 22 votos en favor de Morena y sus aliados y 17 en contra de la oposición. La comisión entró a la revisión de 330 reservas, lo cual –según calculan los diputados- podría alargar la sesión hasta la madrugada del martes.
La mayoría legislativa insistió en que la reforma busca acabar con el nepotismo, la corrupción y el despilfarro en el PJF, y rechazaron que la iniciativa afecte los derechos de los trabajadores, quienes continúan en paro de actividades en protesta contra la iniciativa.
Para fundamentar la enmienda, en la tribuna del Salón Verde, el morenista Marco Rosendo Medina recordó que los ministros de la SCJN se opusieron a la Ley de Austeridad, para continuar con salarios más altos que el del Presidente de la República, y denunció “los derroches y excesos de Norma Piña (presidente de la Corte) y sus secuaces”.
La propuesta de reforma, admitió, “no es perfecta, pero toda reforma se perfecciona en su desarrollo. Prefiero que vayamos a una reforma que innova, a una acción inactiva (sic) frente al nepotismo. Prefiero que se equivoque al pueblo a estar sometido a la oligarquía y que sea la oligarquía la que siga mandando en el PJF”.
El panista Jorge Triana Tena reviró: “¡el pueblo salvó a Barrabás y condenó a Cristo!”
Reginaldo Sandoval (PT) reprochó que la SCJN tenga un presupuesto de más de 78 mil millones de pesos, con los cuales resuelve “menos de la mitad de los casos que resuelven los 32 tribunales de justicia” del país. “Es una Corte obesa y corrupta que sólo defiende a los que más tienen. Es la justicia del capital privado”.
La justicia, insistió el próximo coordinador de la bancada petista mientras se dirigía a panistas y priístas, “sirve al capital privado y a la justicia de ustedes”.
-¡La justicia es ciega! –exclamó el panista Santiago Torreblanca.
Irma Juan Carlos (Morena) enfatizó que los ministros de la Corte tienen sueldos y prestaciones millonarias, por lo que la reforma “no es capricho ni venganza de nadie, sino el mandato popular expresado el 2 de junio, de un pueblo cansado de excesos y privilegios. Tienen (en el PJF) un ahorrito de más de 21 mil millones de pesos en fideicomisos. ¡Suelten ese dinero del pueblo!”
La reforma, una vendetta: PRI
En respuesta, los diputados de oposición resaltaron la inaplicabilidad de la reforma en las urnas, lo que conduciría a una “crisis institucional”.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, ejemplificó que, en la Ciudad de México, en los comicios que prevé la reforma, los votantes tendrían que llenar 25 boletas con 4 mil 125 nombres para seleccionar, por la concurrencia de las votaciones para jueces y otros cargos de elección popular.
“Es imposible hacerlo materialmente, más allá de estar de acuerdo con el fondo. Además, la iniciativa se inmiscuye en los estados y viola el pacto federal, además de que permite la intervención de poderes fácticos, entre ellos el capital y el crimen organizado”, alertó.
Moreira incluso planteó un simulacro de elección, con una urna en la Cámara de Diputados, donde se convoque a 750 personas, para corroborar que en una sola jornada sería imposible realizar la elección. “Ustedes pusieron la elección de jueces por cargo, juez penal, juez de distrito, mercantiles, civiles. Por eso es imposible la votación. Si ustedes votan esto, serán responsables”, expuso.
Ante su insistencia, el presidente de la comisión, Juan Ramiro Robledo (Morena), rechazó el ejercicio: “Yo creo que lo vamos a posponer”.
Marco Antonio Mendoza, también del PRI, se lanzó contra la iniciativa al afirmar que “es una vendetta contra el Poder Judicial” por el hecho de que diversos jueces federales detuvieron o echaron abajo diversos proyectos del actual gobierno, como el tramo 5 del Tren Maya o el traslado de los ahorros inactivos en las Afore al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
“Ustedes lo que quieren es destruir la SCJN, y acabar con el imperio de la ley y con el juicio de amparo como única vía del pueblo de defensa de derechos. Lo que hoy le hacen al Poder Judicial y a la República, haciendo valer su mayoría, puede ser legal, porque tienen los votos, pero es inmoral, porque traicionan al pueblo que votó por ustedes”, dijo.
El panista Santiago Torreblanca, de su lado, recalcó que los jueces deben proteger a las minorías, y por ende no guiarse por el criterio o el gusto de las mayorías, ni depender del voto popular para llegar a su cargo o reelegirse.
De lo contrario, se corre el riesgo de que condenen a inocentes o liberen a culpables, únicamente por criterios de popularidad o de cercanía a poderes económicos y políticos, abundó.
El debate no estuvo exento de momentos tensos, como el que involucró a Juan Ramiro Robledo y la diputada Susana Prieto, ahora sin partido, pero que llegó a la cámara por Morena.
Prieto Terrazas acusó a su ex compañero de “violentarla” por impedirle el uso de la voz, a pesar de que la legisladora lo pedía de forma insistente, para presentar sus argumentos en contra de la reforma.
Lo anterior llevó a Prieto –quien no es integrante de la comisión– a increpar a gritos a Robledo e incluso a subir a tribuna con la mano alzada para exigir que le dieran la palabra. Ante su insistencia, Robledo finalmente le dio la palabra.
Arropada entre las curules de la oposición, Susana Prieto exclamó que, después de salir de Morena, sólo recibió desdén de sus antiguos compañeros. “¡Me han hecho la vida imposible!”, clamó.
En lo insólito, fueron los priístas y panistas quienes la defendieron. El priísta Marco Mendoza reclamó: “Quieren callarla porque no está de acuerdo en la destrucción del Poder Judicial”.
Sin embargo, la legisladora pretendía intervenir 28 veces en la tribuna, exigencia que panistas y priístas vieron como un despropósito. Finalmente, hicieron mutis.
El intercambio derivó en reclamos por el tono que alcanzaron las intervenciones, luego de que Óscar Cantón Zetina perdió las formas y llamó a la ministra presidenta de la Corte como “la Piña”.
Paulina Rubio (PAN) exigió que Morena y sus aliados se refirieran con respeto a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña. El vice coordinador de Morena, Leonel Godoy, reviró que los panistas han usado en varias ocasiones el adjetivo de “narco presidente” para referirse a Andrés Manuel López Obrador.
Desde Morena se acusó a los opositores de “apátridas” y, en respuesta, los panistas llamaron a los diputados guindas “traidores a la patria, destructores de la República”.
