El pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles la reforma al artículo 2º constitucional en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, donde se les reconoce como “sujetos de derecho público”, lo que les permitirá recibir y ejecutar recursos presupuestales, además de ser consultados en caso de proyectos que puedan afectar su territorio y modo de vida.
Aunque se trataba de un tema en el que no había diferencias de fondo entre los grupos parlamentarios en San Lázaro, el debate se extendió nueve horas, por la intención de legisladores de todas las bancadas de ir a la tribuna a presentar sus posturas. Poco después de las 8:30 de la noche, la reforma fue aprobada en lo particular por 483 votos a favor.
Desde los posicionamientos de todos los partidos y en los discursos de los 68 oradores en tribuna, se encomió que uno de los aspectos más importantes de la reforma es reconocer a los pueblos originarios como “sujetos de derecho público”, y no sólo como sujetos de interés público.
De esta manera, las comunidades podrán recibir presupuesto público, ejercerlo y cumplir con las obligaciones correlativas, se precisa en las modificaciones.
Otro aspecto relevante de la reforma, destacaron los legisladores, es que contempla instituir el derecho de consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe, para proteger los derechos, bienes y valores de las comunidades originarias “cuando se pretendan adoptar medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno”.
De igual forma, celebraron que con la modificación constitucional se le debe brindar asistencia jurisdiccional idónea a las personas indígenas que lo requieran, a través de intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados.
La diputada Vanessa López Carrillo (PT) destacó que la iniciativa es una oportunidad de “resarcir la deuda histórica” con los pueblos originarios de México, pues significa un “rompimiento con las políticas homogeneizadoras del neoliberalismo”, lo cual es un paso “crucial en el proceso de reconciliación” entre todos los grupos que integran la sociedad nacional.
Pese a haberse aprobado por unanimidad, hubo también algunos señalamientos críticos a la reforma por parte de diputados de oposición, quienes consideraron que el proyecto es insuficiente para atender los graves problemas que aquejan a los pueblos indígenas y llamaron a vigilar que en el presupuesto de egresos del próximo año se garantizarán fondos para ello.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, había anticipado un debate terso, con una sola reserva al dictamen, pero al final se presentaron 167 reservas al dictamen; ninguna prosperó y tras la aprobación del documento, se envió al Senado para su revisión.
