Hermosillo, Sonora.- Desde la década de los 90’s la Ley 4 de la Universidad de Sonora o la también llamada Ley Beltrones, ha sido el punto de discusiones entre la comunidad estudiantil y de maestros con la junta universitaria del Alma Mater.
En los últimos años esta ley ha tomado relevancia entre la comunidad de la Universidad de Sonora, quienes piden un proceso democrático en la elección de rectora o rector.
El pasado martes el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, informó que se ha enviado una iniciativa de ley al Congreso Local para reformar la Ley 4 de la unison, en dónde también se propone eliminar la reelección del rector o rectora y también evitar el enquistamiento de los grupos de poder dentro de la Máxima Casa de Estudios.
El mandatario estatal explicó que la propuesta enviada al Congreso del Estado, también incluye aumentar de 4 a 5 años el periodo de gestión de la rectora o rector de la Universidad de Sonora.
“Es evitar el ‘enquistamiento’ de grupos de poder en la universidad, hay universidades en el país dominadas por un grupo por más de 50 años, en el caso de la Unison, de la iniciativa que ahora presentamos, se cancelaría, de ser aprobada, la reelección de rector, se incrementa a 5 años el periodo de rector.
Ahora es de 4 años con posibilidad de reelección, pero en 8 años se puede construir un poder suficiente al interior de la universidad como para garantizar la continuidad de un grupo de poder en su conducción y eso necesariamente irá en detrimento de la universidad”, abundó Alfonso Durazo.
Por su parte la rectora María Rita Plancarte Martínez, compartió que de acuerdo con las disposiciones de la Nueva Ley General de Educación Superior y las modificaciones del Artículo 3° Constitucional, el Colegio Académico nombró una comisión Responsable de Consulta y se realizó la elaboración de una propuesta de Nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora.
Destacó que esta comisión está compuesta por las autoridades universitarias, personal académico y el estudiantado, teniendo algunas declinaciones de participación como en el caso del líder del Sindicato de trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS).
“Con el apoyo de comisiones designadas por los 11 Consejos Divisionales de las tres Unidades Regionales, se realizaron 33 foros de consulta a la comunidad universitaria. Con la información generada, el Colegio Académico definió las directrices para una propuesta de nueva Ley que, además de actualizar la normatividad que rige a nuestra institución, permitiera transitar hacia esquemas de mayor participación de las y los universitarios en la toma de decisiones, y en los procesos de elección de sus autoridades y órganos de gobierno.
Como resultado de ello, se elaboró una propuesta de nueva ley que, manteniendo la estructura académico-administrativa, y definía al Colegio Académico como el máximo órgano de gobierno, incrementaba el número de representantes del personal académico y del alumnado y le daba todas las facultades normativas y la de elección de la persona titular de Rectoría”, se lee en el comunicado de prensa enviado por parte de la Rectoría de la Universidad de Sonora.
También se añadió que: “La Junta Universitaria como órgano de segundo nivel, asumía funciones de supervisión y ejercicio del gasto, así como de gobernabilidad. Esta propuesta, después de ser adecuada con observaciones del Consejo Jurídico y de la Junta Universitaria, fue enviada al Ejecutivo Estatal, tal como lo determina la normatividad correspondiente”.
En la propuesta que se ha analizado en la Comisión Responsable de Consulta de la Unison se informa que los términos de la iniciativa es promover una mayor gobernanza solidaria y de ciudadanización del estudiantado en la toma de decisiones.
Se aclara que una nueva ley orgánica no afectará la calidad académica de la Universidad, pues solamente se organizará la estructura interna de la institución con el único propósito de mantener la gobernabilidad y la administración de los recursos a favor de sus funciones sustantivas.
También en la propuesta se refrenda el respeto a lo Contratos Colectivos de Trabajo y a los derechos laborales de las y los trabajadores universitarios, asegurando que el cambio de la ley orgánica no pondrá en riesgo la estabilidad laboral de estos y que tampoco implica que se prohíba el derecho a ejercer huelga.
“No se trata de aprobar una nueva ley orgánica para cambiar de rumbo, sino para darle fortaleza a toda la riqueza acumulada a lo largo de 80 años, porque la Universidad que todos queremos es una que potencie su visión humanista y progresista, que se adapte a los cambios sociales y a las exigencias de su entorno sin perder calidad en sus servicios, que se vincule eficaz y eficientemente con los sectores productivos y sociales de la entidad”, finalizó Plancarte Martínez.
La iniciativa de ley se encuentra para su revisión en el Congreso del Estado, el cual deberá de ser analizada por la Comisión de Educación y Cultura y así definir el futuro de la Máxima Casa de Estudios.
