La riqueza mineral en la vasta geografía de Sonora es el epicentro de intereses de las compañías canadienses, con 117 concesiones activas de gigantes del sector como Álamos Gold, First Majestic Silver y Pan American Silver Corp que explotan oro, plata, cobre, molibdeno, varita, wollastonita, carbón, antracita y grafito.
En contraparte con los ingresos multimillonarios que obtienen, estas empresas extranjeras han dejado una severa huella ecológica que ha marcado por siglos al territorio estatal, al causar devastación ambiental, contaminación de ríos y cuencas hidrológicas, además de provocar conflictos sociales.
Paradójicamente, por su práctica de evadir impuestos, las mineras canadienses hacen una contribución fiscal mínima al estado.
Es el caso de First Majestic Silver, con operaciones en el yacimiento de Santa Elena, que no sólo genera controversias por las afectaciones en la región, sino también por resistirse a cumplir con sus obligaciones con el fisco.
En 2021, esta firma inició un arbitraje contra un adeudo de 180 millones de dólares al Servicio de Administración Tributaria.
Este es sólo un ejemplo que ilustra cómo estas mineras, amparadas por acuerdos internacionales como el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), operan con ventajas desproporcionadas.
Mientras, las comunidades enfrentan despojos de tierras, contaminación del agua y violaciones a sus derechos humanos, laborales y ambientales.
La Dirección General de Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía reporta 166 empresas con capital extranjero operando en México, de las cuales 73.5 por ciento corresponden a capital canadiense (con 399 proyectos) y el resto se reparte entre Estados Unidos y otros países.
A pesar de la magnitud de sus operaciones, las mineras aportan menos del 1 por ciento de los ingresos fiscales nacionales y generan apenas 0.62 por ciento del empleo formal, según un análisis de la organización Engenera (Energía, Género y Ambiente).
Esta industria en Sonora lidera sobre otros estados con 33.81 por ciento de producción total nacional.
En 2023, la entidad aportó alrededor de más de medio millón de toneladas del total de la producción metalúrgica nacional con los siguientes minerales: Molibdeno (100 por ciento), cobre (80.2 por ciento), oro (25.6 por ciento) y plata (9.6 por ciento).
Para Beatriz Olivera, directora de Engenera, el T-MEC consolidó privilegios para las compañías extranjeras al permitirles acceder a recursos estratégicos como el agua y el territorio, además de eximirlas de consultas ambientales e indígenas.
La mina Mulatos, en el municipio de Sahuaripa, Sonora, explotada por el consorcio canadiense Alamos Gold, ha ocasionado contaminación de agua y desplazamiento de comunidades. Foto Cristina Gómez Lima
Con el T-MEC, todo el marco regulatorio en México se ajustó para favorecer la inversión extranjera. Esto generó un aumento en los conflictos sociales, asesinatos de defensores del territorio y quejas por despojos de tierras y contaminación, afirmó Olivera.
Aunque la Ley Minera de 2023 busca revertir este modelo al exigir mayores estándares ambientales y sociales, las empresas han respondido con inconformidad, iniciando incluso litigios internacionales.
Este cambio legislativo subraya las tensiones entre el gobierno y las mineras, y revela la urgencia de replantear un modelo extractivista que prioriza ganancias para dichas firmas trasnacionales a costa del bienestar local.
En Sonora la minería no sólo se mide en toneladas de oro y plata extraídas, sino también en los costos que paga el estado: aguas contaminadas, comunidades desplazadas y una economía subordinada a intereses de compañías procedentes de otros países.
Habitantes de la comunidad de Mulatos, municipio de Sahuaripa, han señalado ante organismos defensores de derechos humanos irregularidades por parte de Minas de Oro Nacional, filial de Álamos Gold, y las afectaciones que ha provocado al medio ambiente.
Al interponer una queja, los perjudicados aseguraron que las labores de la firma ponen en riesgo la salud y la integridad física de la población, pues realiza dos explosiones diarias que, además, dañan el terreno, así como las estructuras de varios inmuebles, entre ellos la iglesia y la escuela.
Añadieron que debido a los procesos químicos, hay filtración de aguas negras y residuos tóxicos que han afectado una zona arbolada y bosques de pinos; la contaminación, dijeron, ha llegado al arroyo que atraviesa la comunidad, el cual ya está saturado de aguas de oxidación que ahí se depositan.
En tanto, la minera canadiense First Majestic Silver Corp, con sede en Vancouver, y su contratista mexicana, La Cantera Desarrollos Mineros, operan bajo un esquema que ha generado un entorno de explotación para más de mil trabajadores en las minas Santa Elena y El Ermitaño, ubicadas en los municipios serranos de Banámichi y Huépac.
Los obreros han denunciado jornadas extenuantes de 12 horas durante 20 días seguidos y tener que soportar temperaturas superiores a 50 grados centígrados a más de 500 metros de profundidad.
Los empleados, quienes llegan de distintas partes del país, aseguraron que enfrentan represalias inmediatas, como suspensiones o despidos, si intentan exigir el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo con pobladores, si bien existe una derrama económica vinculada a las operaciones de estas minas en las comunidades donde operan, ésta no compensa los daños colaterales, como la destrucción de caminos y la polución.
