Por Rodolfo Ondarza* @destacar
La conquista provocó la muerte de casi el 90% de la población indígena de América por causas multifactoriales. La guerra y la explotación y esclavitud fueron algunas de las causas, y particularmente las enfermedades epidémicas traídas por los europeos, como la viruela, para las cuales los nativos no tenían defensas inmunológicas.
En América Latina los pueblos originarios y afrodescendientes suman alrededor de 10% de la población.
En México existen 68 naciones indígenas y la afro mexicana, con 11 familias lingüísticas y 364 variantes lingüísticas.
México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias y ocupa el segundo lugar con esta característica en América Latina, después de Brasil.
Los pueblos originarios y afro descendientes son la primera línea de batalla en la defensa de los recursos naturales de México, del agua, de sus bosques, campos de cultivo y litorales, de la riqueza minera.
Contamos con 7.3 millones de personas hablantes de lenguas indígenas, 23 millones que se auto adscriben como indígenas y 2.5 millones como afromexicanos.
Son titulares de derechos colectivos, tal como el derecho a la libre determinación de su condición política y de su desarrollo económico y social de acuerdo con sus cosmovisiones.
Por ello es fundamental el reconocimiento de sus tierras, territorios y recursos que históricamente y tradicionalmente han ocupado y utilizado.
Fue fundamental la modificación al Artículo 2o constitucional para que las comunidades indígenas y afromexicanas sean sujetas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, debiendo buscar el eliminar la discriminación a las autoridades indígenas procurándose y protegiendo su autonomía; de vital importancia también es la protección de su patrimonio cultural material e inmaterial y de la propiedad intelectual colectiva, así como de la medicina tradicional y de las lenguas indígenas.
Es necesaria, asimismo, la reforma al Artículo 27 constitucional que no únicamente haga justicia a las bases campesinas e
indígenas, sino que proporcione soberanía alimentaria al pueblo de México, afirme la seguridad nacional y la estabilidad social fuera de la privatización de los recursos y de las riquezas naturales nacionales.
La lucha por nuestros recursos naturales se ha extendido desde la conquista hasta nuestros días.
Los asesinatos de personas dedicadas a defender los derechos ambientales son terribles, 20 agresiones letales en el año 2023, en 2017 se documentaron 29 agresiones letales, en el 2021 se registraron 25, en el 2022 se registraron 24, y en el 2018 fueron documentadas 21.
Otro tipo de otro tipo de ataques, han sido desapariciones forzadas, criminalizaciones, estigmatizaciones, agresiones físicas y violencia de género.
Seis de cada diez personas defensoras del ambiente y el territorio que fueron agredidas pertenecían a una comunidad indígena.
De acuerdo con datos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., o CEMDA, el Estado es el principal perpetrador en el 49.49% de las agresiones; seguido del crimen organizado, con 29.6%, y el sector privado con 15.45%.
Sin embargo, existe necesidad de mayor sensibilidad y de voluntad política para que todo ello sea una realidad.
Queda un largo camino por recorrer para garantizar la justicia social a las comunidades indígenas y la seguridad alimentaria a los habitantes de México.
Rodolfo Ondarza*. Neurocirujano, activista en la defensa de Derechos Humanos.Foto entrega del Bastón de Mando al Dr. Rodolfo Ondarza
