Cinco ex servidores públicos estatales y municipales fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los hechos relacionados con la explosión registrada en noviembre pasado en una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en un centro comercial de Hermosillo, tragedia que dejó un saldo de 24 personas fallecidas, y un bebé en estado de gestación. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido información oficial sobre el desarrollo de la audiencia, ni sobre las resoluciones judiciales adoptadas.
Según fuentes cercanas al proceso, de un total de siete ex funcionarios imputados, el juez de control habría determinado la vinculación de cinco de ellos, mientras que Carlos Jesús Arias, ex director interno de la Comisión Estatal de Protección Civil de Sonora, quedó fuera del proceso por prescripción de los delitos señalados. En el mismo sentido, Martín Manuel Martínez, ex director de Inspección y Vigilancia Municipal, no fue vinculado al establecerse que no ocupaba el cargo durante el periodo en el que la Fiscalía le atribuía los hechos.
De acuerdo con versiones extraoficiales surgidas durante el primer receso de la audiencia, el juez habría expuesto diversos puntos que influyeron en su análisis, entre ellos la falta de claridad sobre si la responsabilidad de las inspecciones correspondía al ámbito estatal o municipal. También se habrían señalado dudas en torno al aforo permitido y la afluencia real de personas dentro del establecimiento, así como inconsistencias relacionadas con el giro comercial de la tienda Waldo’s que mantenía al menos 68 sucursales en Sonora.
Las mismas fuentes indicaron que el juzgador se encontraba revisando de manera detallada cada uno de los datos presentados por la Fiscalía, lo que habría prolongado la audiencia, y que posteriormente ampliaría su resolución para responder a los argumentos planteados por las defensas de los imputados. Hasta las 20:00 horas de este lunes no se notificaba el término de la audiencia. Sin embargo, se informó que cinco ex funcionarios vinculados enfrentarían su proceso judicial en libertad, mientras continúan las investigaciones para establecer posibles omisiones o irregularidades en las autorizaciones y supervisiones previas al siniestro.
De forma paralela, se informó que ninguna persona relacionada con el caso se encuentra en prisión. De manera extraoficial, se señaló a La Jornada que el gerente de la tienda habría acudido al juzgado con un amparo que le permitió evitar la imposición de prisión preventiva.
El proceso judicial aún no concluye, ya que falta definir la situación legal de al menos 12 personas más, entre ellas otros servidores públicos, empleados del establecimiento y un inspector de la Comisión Federal de Electricidad, quienes deberán comparecer en próximas audiencias ante el juzgado correspondiente.
A casi tres meses de la explosión e incendio que cobró la vida de 24 personas, un bebé en estado de gestación y más de 12 lesionadas; el caso continúa avanzando en tribunales, mientras se esperan pronunciamientos oficiales por parte de la Fiscalía estatal que confirmen o amplíen la información.
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