La Cámara de Diputados recibió a las 14:30 horas la iniciativa presidencial de reforma a la Constitución en materia electoral y con el turno que dará la Mesa Directiva a comisiones comenzará el proceso de revisión y discusión.
El texto fue recibido por la presidenta de la cámara, Kenia López Rabadán en las oficinas de la presidencia de la Mesa Directiva, en el segundo piso del recinto legislativo, en un trámite al que acudió personalmente el coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, así como el enlace de Gobernación, Juan Ramiro Robledo.
Se ordenó su publicación en la Gaceta Parlamentaria.
Monreal dijo en entrevista que, tras el turno a comisiones, se reuniría esta misma tarde con los coordinadores de las otras bancadas para definir la ruta de discusión de la iniciativa.
“Vamos a intentar un debate respetuoso, ordenado y de nivel político, independientemente de las diferencias que tenemos”, expuso Monreal.
Indicó que él observa a los otros coordinadores “bastante razonables y en un ánimo de dar un debate de nivel”.
Al trámite también acudió un consejero jurídico adjunto de la Presidencia.
Reforma electoral va por reducción de senadores, recorte a partidos y mayor control sobre candidatos
La Cámara de Diputados recibió y envió a comisiones, la iniciativa de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que reforma 11 artículos de la Constitución en materia electoral, que confirma su idea de reducir de 128 a 96 los senadores de la República y modificar el mecanismo de elección de 200 diputados de representación proporcional, para “que no sean resultado exclusivo” de decisiones de las cúpulas de los partidos.
En la iniciativa, que se envió a comisiones, también propone reducir 25 por ciento el presupuesto asignado a los partidos para gasto ordinario y prohibir el uso de fondos ilícitos, así como el financiamiento del extranjero. Se trata de impedir “injerencias indebidas” y “salvaguardar la autenticidad del sufragio” ante riesgos como la intervención de personas vinculadas a delitos graves.
Incluso se prevé que las autoridades de seguridad, procuración de justicia y de inteligencia financiera podrán solicitar información relevante de los candidatos “para salvaguardar la integridad” de las elecciones.
Agrega el derecho a la participación en consultas populares en los municipios; reducir de 48 a 35 minutos al día los tiempos oficiales para difusión de los partidos.
Además, en los artículos transitorios la Presidenta pidió a los diputados definir que, a partir de 2027, los sueldos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y sus funcionarios, así como de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), no puedan ser mayores al salario de la Presidenta.
Se mantiene la estructura de los OPLE, pero se elimina de entre sus atribuciones la materia de educación cívica.
Respecto del cómputo de los votos en las elecciones locales, se incluyó que inicien a partir de la recepción del primer paquete en los consejos electorales distritales, la misma noche de cada proceso y no hasta el miércoles siguiente, como actualmente ocurre.
Amplía los derechos de participación ciudadana en procesos de democracia directa en estados y municipios.
Ni ruptura ni restricción al pluralismo
La presidenta, Claudia Sheinbaum, acotó que la reducción del costo de las elecciones y nuevas medidas para evitar “injerencias indebidas e ilícitas” en las elecciones “no debe entenderse como ruptura”.
Incluso precisó que “la revisión de los esquemas de financiamiento político, de los costos institucionales y de las estructuras del aparato electoral debe entenderse como un proceso de fortalecimiento democrático y no como una restricción al pluralismo político”.
Además, señaló que su iniciativa no busca “modificar las reglas democráticas por razones circunstanciales” o para favorecer o perjudicar a personas o grupos determinados, sino fortalecer la confianza ciudadana, la legitimidad institucional electoral y la funcionalidad del sistema democrático”.
Esto es, abundó en la exposición de motivos, “reformar la Constitución en materia electoral es perfeccionarla, no sustituirla; es ajustar sus mecanismos a los desafíos contemporáneos: altos costos, complejidad administrativa, riesgos de financiamiento, duplicidad de funciones y exigencias de mayor participación ciudadana”.
Como ha expresado en sus conferencias matutinas para defender el proyecto, indicó que éste responde a un compromiso adquirido en su campaña presidencial de 2024 y “busca consolidar un modelo más congruente con los principios que hoy rigen la vida pública nacional”.
Al abordar uno de los puntos que más polémica han creado entre los partidos políticos, sobre todo en PT y PVEM, detalló no propone eliminar el principio de representación proporcional para elegir a 200 de los 500 diputados federales.
“Por el contrario, revalora su papel democrático de representación de las minorías, busca atender la crítica social a la designación cupular de los legisladores plurinominales al margen de la voluntad de la militancia y de la ciudadanía. Se trata de transitar hacia un modelo en el que la pluralidad no sea resultado exclusivo de acuerdos internos partidistas o de las cúpulas dirigentes, sino de la expresión directa de la voluntad popular”.
Incluso afirmó que “la consolidación democrática exige no debilitar la representación proporcional, sino fortalecer su legitimidad pública mediante sistemas que consideren la participación popular en la asignación”.
De esta manera, para la integración de las dos cámaras del Congreso la iniciativa busca modificar los artículos 53, 54, 55 y 56 constitucionales.
En el primero, propone desaparecer el sistema de listas regionales donde cada partido inscribe 40 fórmulas de candidatos a diputados por cada una de las cinco circunscripciones electorales.
Además, precisar que la elección de los 200 diputados pluris se hará de la siguiente manera:
Los 100 segundos mejores lugares en la elección, que no hayan obtenido el triunfo en sus distritos; y 100 por votación directa en las cinco circunscripciones regionales, donde se incluirán las candidaturas electas por los mexicanos residentes en el extranjero. Con ello, se eliminaría el método de asignación de pluris según el porcentaje de votos nacionales y el orden de candidatos en las listas.
La Presidenta lo planteó así en la redacción que plantea modificar el artículo 54:
“La asignación de las 200 diputaciones iniciará con la relación del sistema de personas que, no habiendo obtenido el triunfo, obtuvieron los mejores porcentajes de votación distrital emitida de su partido político, por circunscripción, alternada con el sistema de mayor porcentaje de votación individual correspondientes.
“Las diputaciones elegidas por las ciudadanas y los ciudadanos que residen fuera del territorio nacional se asignarán al partido político que corresponda, en cada circunscripción, iniciando por aquella en la que el partido haya obtenido un mayor porcentaje de votación”.
En el artículo 55 se plantea que los mexicanos que vivan en el extranjero deben demostrar una residencia de más de tres años fuera del país como requisito para ser candidato a diputado federal.
En el 56 suprime 32 senadurías de representación proporcional que llegan al Senado mediante el sistema de listas por circunscripción.
El nuevo modelo tiene como objeto que la participación de la ciudadanía en los procesos “no se limite a una función meramente electoral, sino que se constituya como un sujeto activo dentro del proceso democrático”.
Agravio, democracia onerosa
Para sustentar su propuesta para recortar el financiamiento a los partidos, la Presidenta afirmó que “en un país con tanto rezago social y necesidades básicas por atender, una democracia onerosa es un agravio para su población, (y) su legitimidad y la credibilidad se debilitan”.
Así, se busca modificar el artículo 41 constitucional para modificar la fórmula de asignación de fondos públicos a los partidos.
Actualmente, se prevé que el financiamiento anual para actividades ordinarias se calcula al multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por 68 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa prevé reducir la segunda variable a 48.75 por ciento.
Asimismo, como medida para impedir el uso de recursos ilegales a las campañas, se considera agregar en el mismo artículo que “los partidos políticos y las personas precandidatas o candidatas tienen prohibido recibir o ejercer para sus actividades o campañas electorales, gastos, aportaciones, donaciones o cualquier otro recurso en dinero o especie que provenga de algún gobierno, fondo de inversión u organismo extranjero, persona física o moral extranjera, o de personas que residan fuera del territorio nacional”.
También se pretende obligar a precandidatos y candidatos, así como a los partidos políticos reportar al Instituto Nacional Electoral todos sus ingresos, egresos y demás operaciones financieras, incluidos valores, divisas y activos virtuales, así como de crédito, seguros y finanzas, la compra o venta de bienes y demás activos.
Los reportes para precandidatos y candidatos serían obligatorios solo durante la etapa del proceso y se obligaría al INE a resguardar la información con carácter de confidencial.
Además, precisar que toda aportación de personas físicas no podrá recibirse en efectivo, sino mediante transferencia electrónica y los bancos deberán reportar esas operaciones al INE.
Acotar contenidos por IA
Uno de los ejes de la reforma incluye acotar el uso de contenidos generados por Inteligencia Artificial durante los procesos.
En ese sentido, prevé que “todo contenido relacionado a los procesos electorales que sea modificado o alterado mediante el uso de inteligencia artificial o cualquier otra tecnología, deberá estar etiquetado por su emisor para su identificación en los términos que establezca la ley”.
Además, considera que las empresas concesionarias de radio y televisión, así como las plataformas de servicios digitales, “serán responsables de identificar, evitar la difusión y advertir sobre contenido no etiquetado”.
Y añade que la ley establecerá las responsabilidades, medidas y sanciones aplicables.
Consultas populares en municipios
La iniciativa incluye un capítulo para reconocer en el artículo 115 constitucional el derecho de los ciudadanos a participar en consultas populares, referéndums, plebiscitos y cualquier otro mecanismo de democracia directa en los municipios y para ello prevé que los congresos locales definirán el porcentaje de personas que puedan solicitar cualquiera de esos ejercicios, pero no mayor a 2 por ciento del listado nominal de cada municipio.
Se plantea que los resultados sean vinculantes al ayuntamiento, cuando participe al menos 40 por ciento del listado nominal.
