• Modifican Ley Orgánica del Poder Legislativo
En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Sonora designó por mayoría al ciudadano Teodoro Cervando Flores Castelo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a quien se le tomó la protesta de ley. Asimismo, aprobó por mayoría una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo y turnó a comisión una iniciativa en materia de servicio social comunitario.
Correspondió al diputado Emeterio Ochoa Bazúa y a las diputadas Rosángela Amairany Peña Escalante y Gabriela Tapia Fonllem dar lectura al dictamen presentado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, relativo al acuerdo que contenía la propuesta de las y los candidatos idóneos para ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para el periodo 2026-2030.
Tras obtener el voto aprobatorio de las dos terceras partes del Pleno del Congreso del Estado de Sonora, fue designado el ciudadano Teodoro Cervando Flores Castelo como presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Posteriormente, en la misma sesión, rindió la protesta de ley para asumir el cargo.
Enseguida, la diputada Ernestina Castro Valenzuela presentó la iniciativa de reforma al primer párrafo del artículo 123 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de agilizar los procesos parlamentarios, fortalecer la gobernabilidad interna y mejorar la capacidad de respuesta de esta soberanía en temas de interés público.
La legisladora argumentó que la dinámica legislativa actual requiere mecanismos más eficientes para responder a situaciones urgentes, evitar retrasos burocráticos y fortalecer la capacidad de reacción del Poder Legislativo. Asimismo, destacó el papel de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP) y de la Mesa Directiva como órganos encargados de conducir y priorizar los trabajos legislativos.
Por su parte, los diputados René Edmundo García Rojo y César Adalberto Salazar López, así como la diputada Deni Gastélum Barreras, presentaron una iniciativa suscrita por diversos grupos parlamentarios que propone reformas a la Ley de Juventudes y a la Ley de Planeación, ambas del Estado de Sonora, con el objeto de fortalecer el carácter social y comunitario del servicio social estudiantil.
Lo anterior, mediante modificaciones orientadas a impulsar la participación de las y los jóvenes en acciones enfocadas en la atención de problemáticas sociales, el desarrollo local y regional, y la vinculación entre instituciones educativas, autoridades y comunidades, promoviendo al mismo tiempo la formación ciudadana, el compromiso social y la participación juvenil activa. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación y Cultura para su análisis y, en su caso, dictaminación.
