El reportaje de Los Angeles Times revela que la investigación contra los gobernadores de Sonora y Tamaulipas es por presuntos vínculos con el crimen organizado y que les cancelaron la visa desde el año
El gobierno de Estados Unidos inició una investigación contra el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, y contra el de Tamaulipas, Américo Villarreal, por presuntos vínculos con el crimen organizado, según Puente News Collaborative y Los Angeles Times.
Durazo, de 71 años, gobernador de Sonora, es uno de los líderes de más alto perfil que se cree que está bajo investigación hasta la fecha. Previamente se desempeñó como ministro de seguridad de México, ayudando a implementar la polémica estrategia de “abrazos, no balazos” del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual enfatizaba atender las causas fundamentales del delito en lugar de los enfrentamientos militares. Sonora es una de las principales rutas de tránsito para el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, se lee en el reportaje de Steve Fisher y Kate Linthicum.
Personas familiarizadas con su caso, quienes hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos internos, dijeron que la visa de Durazo fue cancelada el año pasado, y que Estados Unidos lo está investigando por presuntos vínculos con el crimen organizado, señala el reportaje.
Aún sin visa, Durazo y Américo Villarreal han estado ingresando a Estados Unidos bajo un permiso especial reservado generalmente para testigos colaboradores.
“El programa, conocido como Significant Public Benefit parole, permite a no ciudadanos testificar ante un gran jurado para mitigar las consecuencias de cargos actuales o pendientes contra ellos u otros”, publican los reporteros.
En Estados Unidos, un gran jurado es típicamente convocado para considerar información presentada por fiscales del gobierno para aprobar una acusación formal sobre la cual se emite una orden de arresto.
“En abril, el Departamento de Justicia reveló acusaciones penales de gran alcance contra prominentes miembros del partido de Sheinbaum, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Se le acusó, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de ayudar al Cártel de Sinaloa a contrabandear fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia los Estados Unidos a cambio de millones de dólares en sobornos y apoyo para ganar elecciones.
La presidenta Sheinbaum cuestionó en su reciente informe de rendición de cuentas: “¿Es realmente un interés legítimo combatir el crimen organizado?”
“¿Estamos presenciando cómo sectores de la extrema derecha estadounidense están utilizando a nuestro país para posicionarse de cara a sus elecciones de 2026? ¿O pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?, preguntó la mandataria.
Sobre Américo Villarreal
La investigación del gobernador de Tamaulipas está relacionada con el huachicol. “Las fuentes informaron que Villarreal también tiene un parole Signficant Public Benefit. Cuando cruza a Estados Unidos frecuentemente es escoltado por oficiales estadunidenses”, una persona con conocimiento del caso informó a Fisher y Linthicum.
Villarreal calificó de falso toda acusación en su contra en una declaración a los reporteros sobre el asunto.
El reportaje de Steve Fisher y Kate Linthicum señala que la presidenta Claudia Sheinbaum descalificó la investigación de Rocha Moya como una campaña de difamación “políticamente motivada contra el gobierno izquierdista”.
También reportan que cuando el secretario de Seguridad Interna Markwayne Mullin se reunió con Sheinbaum en mayo, le dijo que el gobierno de Trump esperaba que México enviara a Rocha Moya a Estados Unidos.
Y afirman que la respuesta de Sheinbaum fue que el destino del gobernador se determinará en México, y que “le advirtió a Mullin que acusaciones estadunidenses adicionales contra líderes electos serían considerados interferencia política en los asuntos de México”.
Durante años, Estados Unidos se abstuvo de investigar a políticos en ejercicio en su lucha contra el narcotráfico, prefiriendo centrarse en los líderes de los cárteles. Pero a medida que muchos de los narcotraficantes más notorios de México han sido abatidos, arrestados o se han entregado, Washington ha redirigido su atención hacia el enjuiciamiento de líderes electos y agentes del orden público sospechosos de estar involucrados en el crimen organizado, publica Los Angeles Times.
