El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, ambos señalados por EU de tener nexos con el crimen organizado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que hará pública la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez y otros funcionarios y ex funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La dependencia precisó, sin embargo, que quedarán exceptuadas las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales, que por su naturaleza mantienen carácter reservado.
“Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, la SRE transparentará dicha información”, señaló la cancillería este miércoles en un comunicado difundido en su cuenta de la red social X. “Nuestro compromiso es con la transparencia”, añadió la dependencia, encabezada por el canciller Roberto Velasco.
El anuncio se produce después de que se conociera que el Comité de Transparencia de la SRE había reservado por cinco años, mediante la resolución CTA-208/2026, las comunicaciones diplomáticas, notas verbales, fichas informativas y minutas de reuniones sostenidas con autoridades estadunidenses sobre el caso, al argumentar que su divulgación podría menoscabar la conducción de las relaciones internacionales del país y vulnerar la inviolabilidad de las notas diplomáticas prevista en la Convención de Viena.
Las solicitudes de detención provisional derivan de las acusaciones formales presentadas en abril pasado por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya, Inzunza Cázarez y ocho funcionarios y ex funcionarios más del gobierno de Sinaloa, por presuntos nexos con el grupo delictivo Los Chapitos. La propia SRE ha señalado previamente que la documentación remitida por la embajada estadounidense no contenía elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados, por lo que el expediente fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su análisis conforme al marco jurídico nacional.
