USCIS volverá a evaluar el uso de ciertos beneficios públicos y la situación económica de quienes soliciten la residencia permanente. Esto no significa que recibir Medicaid o SNAP provoque automáticamente el rechazo de una Green Card.
El próximo 18 de septiembre de 2026 entrará en vigor una nueva regulación sobre la llamada “carga pública”, el criterio que permite al gobierno determinar si una persona que busca entrar a Estados Unidos o convertirse en residente permanente podría depender principalmente de la asistencia pública.
La nueva norma elimina buena parte del marco establecido en 2022 y devuelve al Departamento de Seguridad Nacional una capacidad más amplia para analizar las circunstancias individuales de determinados solicitantes. Así lo establece la regla publicada en el Federal Register.
Para las familias latinas que tienen un proceso migratorio en marcha, hay una fecha que conviene marcar: 18 de septiembre. Pero también hay algo igual de importante: no todos los inmigrantes están sujetos a la regla de carga pública y recibir un beneficio público no significa automáticamente perder la posibilidad de obtener una Green Card.
¿Qué cambia el 18 de septiembre?
Hasta ahora, bajo las reglas de 2022, la evaluación de carga pública estaba limitada principalmente a dos situaciones: recibir determinados beneficios públicos en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos o una institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
El Departamento de Seguridad Nacional establece que, a partir del 18 de septiembre, los funcionarios podrán considerar la recepción de beneficios públicos sujetos a comprobación de recursos económicos —means-tested benefits—, junto con otros elementos de la situación individual del solicitante. La explicación completa aparece en la regla final publicada por el Federal Register.
Entre los factores que pueden entrar en el análisis están la edad, salud, situación familiar, bienes, recursos económicos, situación financiera, educación, habilidades y otros elementos relevantes para determinar si existe una probabilidad de convertirse en una carga pública.https://www.youtube.com/live/ulpnom8rViw?si=TFzbrPCPJofKwwqF
¿Qué beneficios podrían ser considerados?
La nueva regulación ya no establece una lista tan limitada de beneficios públicos que puedan ser considerados. DHS señala que los funcionarios tendrán discreción para valorar beneficios sujetos a comprobación de recursos económicos recibidos a partir del 18 de septiembre.
Entre los programas que pueden entrar en el análisis están:
SNAP, conocido popularmente como food stamps.
Medicaid, con las consideraciones establecidas por la nueva regla.
CHIP, el programa de seguro médico para determinados niños.
Algunos programas de vivienda sujetos a comprobación de recursos.
Programas de asistencia alimentaria.
Otros beneficios públicos que dependan de la situación económica del solicitante.
La propia regulación deja claro que la utilización de uno de estos beneficios no determina por sí sola que una persona sea considerada una carga pública.
