Insaculación, participación voluntaria y remuneración: una reflexión desde la experiencia electoral de campo
Autor: Alejandro Álvarez Figueroa
Ciudadano con experiencia como Capacitador Asistente Electoral (CAE) del INE y Supervisor Electoral Local (SEL) del IEE Sonora.
Introducción: la ciudadanización y sus desafíos
La transición democrática de México depositó una parte fundamental de la confianza electoral en la participación directa de la ciudadanía. El modelo de integración de las mesas directivas de casilla mediante insaculación se consolidó como un mecanismo clave para evitar que la recepción y el conteo de los votos quedaran en manos de funcionarios permanentes o de intereses partidistas.
Este principio representa uno de los pilares de nuestro sistema electoral. Sin embargo, tras décadas de aplicación, resulta pertinente preguntarse si los procedimientos actuales para notificar, capacitar y retener a las personas seleccionadas responden con eficiencia a la realidad contemporánea.
Esta reflexión surge de mi experiencia directa durante dos procesos electorales como Capacitador Asistente Electoral (CAE) del Instituto Nacional Electoral (INE) y uno como Supervisor Electoral Local (SEL) del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) de Sonora.
Desde el trabajo en campo presencié las complejas dificultades logísticas que enfrentan las autoridades electorales para integrar las casillas. Si bien destaca el compromiso insustituible de numerosos ciudadanos, también son recurrentes el desinterés, la negativa sistemática y diversas limitaciones personales que impiden asumir esta responsabilidad. En secciones electorales complejas, la búsqueda de funcionarios ha derivado en recorridos donde la única opción viable termina siendo tocar puertas preguntando abiertamente quién desea participar.
Dicha realidad motiva este análisis: sin generalizar a todo el país, las tensiones observadas en el terreno justifican abrir un debate sobre alternativas más eficientes y sostenibles.
1. El problema no es la insaculación, sino la incorporación ciudadana
La insaculación cumple una función democrática indispensable: introduce el azar para neutralizar la discrecionalidad institucional en la selección de funcionarios. El problema surge cuando se asume que la selección aleatoria equivale automáticamente a disposición para participar. Un ciudadano puede resultar insaculado y cumplir los requisitos legales, pero carecer del tiempo, interés o condiciones personales para desempeñar la función.
El modelo vigente sostiene una pesada estructura operativa de supervisores y capacitadores dedicados a realizar visitas domiciliarias, entregar notificaciones, convencer a personas renuentes, gestionar sustituciones constantes e impartir capacitaciones exprés.
Esta dinámica muestra su punto más crítico el día de la jornada electoral: ante la ausencia de funcionarios titulados o suplentes, la ley autoriza integrar la casilla con ciudadanos tomados de la fila. Aunque esta medida asegura la apertura de la casilla, genera que personas sin la preparación técnica adecuada asuman roles clave como la Secretaría o el Escrutinio. Estas funciones requieren un alto grado de precisión en el llenado de actas, la realización de operaciones aritméticas y el armado de paquetes electorales.
Por ello, es vital diferenciar dos objetivos interconectados pero distintos: garantizar la instalación de la casilla y asegurar la preparación técnica de quienes la integran.
2. Conservar la insaculación, transformar la convocatoria
La propuesta no plantea eliminar la insaculación ni abrir el registro de manera indiscriminada a la población en general. La alternativa consiste en conservar el sorteo inicial —por mes de nacimiento y primera letra del apellido— pero modificar radicalmente el mecanismo de reclutamiento.
En lugar de volcar el mayor esfuerzo operativo en la búsqueda casa por casa y el convencimiento individual, el organismo electoral emitiría una convocatoria institucional bajo el principio de máxima publicidad, dirigida exclusivamente a la población insaculada. Aquellas personas seleccionadas por el azar que tengan la voluntad de participar acudirían a registrar su solicitud y presentar la documentación requerida para su verificación legal.
Bajo este esquema:
- El azar sigue determinando quiénes son elegibles.
- La voluntad expresa determina quiénes se incorporan a la etapa de capacitación formal.
La convocatoria debe difundirse activamente por medios masivos, plataformas digitales, instituciones educativas y espacios comunitarios, asegurando mecanismos de alcance presencial para zonas rurales o con brecha digital.
3. La remuneración como incentivo para la participación
Una de las principales barreras para la participación es el costo de oportunidad en tiempo que implica la capacitación y la jornada electoral, especialmente frente a responsabilidades laborales, académicas o familiares.
Dado que el propio INE contrata personal temporal como supervisores y capacitadores mediante incentivos económicos, cabe formular una pregunta central: ¿puede una compensación económica justa incentivar la participación responsable de la ciudadanía insaculada?
Un programa de participación remunerada no sustituye al compromiso cívico, sino que lo complementa. Esta compensación permitiría atraer a estudiantes, personas desempleadas temporalmente o ciudadanos con disponibilidad que busquen un ingreso legítimo.
La remuneración debe cubrir tanto el tiempo dedicado a la formación teórica y práctica como la jornada de trabajo el día de la elección. No se trata de burocratizar a la ciudadanía ni convertirlos en empleados del órgano electoral, sino de consolidar un esquema temporal de participación capacitada y profesionalmente compensada.
4. Capacitación formal y evaluación de conocimientos
La capacitación constituye el eje medular del modelo propuesto. Los ciudadanos inscritos voluntariamente ingresarían a un programa estructurado enfocado en el dominio técnico del proceso:
- Instalación y apertura de la casilla.
- Recepción del voto y resolución de incidencias comunes.
- Clasificación y escrutinio de sufragios.
- Llenado de actas, operaciones aritméticas y cuadre de cifras.
- Integración y sellado de expedientes y paquetes electorales.
Este proceso debe rebasar la entrega de insumos teóricos para centrarse en simulacros reales, talleres prácticos y evaluaciones estandarizadas de competencias.
Una vez concluida la capacitación y acreditados los conocimientos técnicos, se efectuaría una segunda insaculación entre los perfiles aprobados para asignar de manera transparente las posiciones de Presidencia, Secretaría y Escrutinio. Así, la evaluación garantiza la aptitud técnica y el sorteo preserva la imparcialidad en la distribución de cargos.
5. Funcionarios suplentes y continuidad operativa
Ningún diseño institucional elimina por completo las ausencias imprevistas por enfermedad o emergencias el día de la jornada. Por ello, el modelo mantendría la figura de al menos tres suplentes generales capacitados por casilla.
Además, los suplentes que no sean requeridos para integrar la mesa directiva podrían integrarse en tareas auxiliares de asistencia electoral, apoyo en la logística de traslado de paquetes o auxilio en los cómputos distritales, siempre en el marco de la ley y bajo supervisión formal. Esta medida permitiría optimizar el recurso humano capacitado y reducir los cuellos de botella al cierre de las casillas.
6. Transformación del trabajo de los capacitadores electorales
Esta reorganización no implica prescindir de la estructura del personal de campo. La experiencia de la cadena INE-Organismos Públicos Locales (OPLE) es un activo indispensable.
La transformación propone virar el perfil operativo: disminuir drásticamente el tiempo y los recursos destinados a la localización persuasiva puerta por puerta, para reconvertir a las y los capacitadores en docentes electorales especializados. Su función principal pasaría a ser la instrucción técnica en talleres, la evaluación práctica de los aspirantes y el acompañamiento logístico el día de la jornada.
7. Imparcialidad y prevención de riesgos políticos
Una objeción recurrente hacia la inscripción voluntaria es el riesgo de filtración o movilización orientada por partidos políticos. Sin embargo, la simpatía política de un ciudadano no anula automáticamente su capacidad de actuar con imparcialidad profesional bajo un esquema rígido de controles.
Para blindar el proceso de sesgos o capturas partidistas, el modelo mantiene cuatro filtros de contención:
- Primera insaculación legal (delimitación aleatoria de quiénes pueden inscribirse).
- Filtro normativo de requisitos y padrón (verificación de no militancia o cargos directivos).
- Acreditación técnica objetiva mediante evaluación de conocimientos.
- Segunda insaculación para la asignación final de posiciones directivas.
Todo ello se mantiene respaldado por la presencia indispensable de las representaciones de partidos políticos en las casillas y la observación electoral independiente.
8. La calidad de las actas y los paquetes electorales
El impacto directo de contar con funcionarios con formación práctica se reflejaría en la certeza y calidad técnica de los resultados.
En el Proceso Electoral Federal 2024, el INE reportó la recualificación o recuento de 116,397 paquetes electorales en la elección presidencial (68.16% del total). Aunque los recuentos obedecen a causales legales diversas y no solo a errores humanos, es indudable que una proporción significativa se origina en inconsistencias aritméticas, actas ilegibles o armados deficientes del paquete electoral por falta de dominio técnico.
La efectividad del modelo propuesto podrá medirse mediante indicadores claros:
- Reducción de sustituciones de último minuto o toma de funcionarios de la fila.
- Disminución de inconsistencias y errores de llenado en actas de escrutinio y cómputo.
- Correcta integración de la cadena de custodia y expedientes electorales.
- Reducción de recuentos causados por inconsistencias documentales prevenibles.
9. Viabilidad presupuestal: una hipótesis a evaluar
Es fundamental analizar la factibilidad financiera del modelo. La logística actual genera elevados costos en notificación domiciliaria, reimpresiones, transporte para visitas reiteradas y esfuerzos de convencimiento con alta tasa de deserción.
El modelo alternativo reduciría sustancialmente el gasto logístico del despliegue masivo en campo para redistribuir esos recursos hacia:
- La remuneración directa de la ciudadanía capacitada y suplentes.
- El equipamiento de talleres de capacitación práctica.
La viabilidad financiera debe evaluarse mediante un análisis comparativo de costo-eficiencia integral: medir el gasto no solo por el costo de reclutamiento inicial, sino por la reducción de mermas operativas, la estabilidad de las mesas directivas y la calidad de los cómputos.
10. Marco jurídico y posibles adecuaciones normativas
La viabilidad del proyecto requiere revisar el marco constitucional y legal vigente en México:
- Constitución Política de los EE. UU. MM.:
- Artículo 5°: Establece la obligatoriedad y gratuidad de los servicios electorales, previendo excepciones para funciones profesionales o remuneradas.
- Artículo 36° (Fracción V): Regula las obligaciones ciudadanas en materia electoral.
- Artículo 41°: Define las bases institucionales de la función electoral y el principio de ciudadanización.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE):
- Artículo 254°: Corazón del procedimiento operativo de insaculación e integración de casillas.
- Artículos 8°, 79°, 82°, 83° y 303°: Normas que regulan facultades de los consejos distritales, requisitos de integración y atribuciones del personal de capacitación.
Cualquier cambio operativo de fondo requeriría una ruta técnica legislativa orientada a armonizar la obligatoriedad cívica con mecanismos de incentivos y capacitación formal.
11. Desafíos operativos a reconocer
Un análisis riguroso debe ponderar los retos del esquema voluntario e incentivado:
- Asimetría territorial de respuesta: Riesgo de alta convocatoria en zonas urbanas y baja cobertura en secciones rurales o de alta marginación.
- Equidad en el acceso: Prevenir distorsiones en la selección de aspirantes.
- Mecanismos de contingencia: Definir protocolos claros cuando una sección no alcance el mínimo de personas aprobadas.
Resolver estas interrogantes exige realizar ejercicios de simulación técnica, análisis presupuestales y pilotos institucionales antes de una reforma a gran escala.
Conclusión: de la obligación de participar a la voluntad de hacerlo bien
La ciudadanización de las elecciones es un logro histórico irrenunciable de la democracia mexicana. Sin embargo, preservar sus valores no implica mantener inmutables procedimientos pensados para otro contexto histórico y social.
La experiencia en campo demuestra que detrás de cada casilla operan enormes esfuerzos institucionales y cívicos, pero también deja al descubierto el paulatino desgaste del esquema de convencimiento domiciliario tradicional.
Combinar la insaculación con postulación voluntaria, incentivos económicos y formación práctica rigurosa no vulnera la esencia ciudadana: la fortalece al dotarla de profesionalismo técnico.
La interrogante de fondo es clara: si hoy invertimos enormes recursos y esfuerzo humano en convencer a ciudadanos renuentes para que acepten participar, ¿por qué no reorientar parte de ese esfuerzo a formar y compensar a quienes tienen la plena disposición de hacerlo bien?
La insaculación debe seguir siendo el punto de partida; lo que debemos auditar y modernizar es todo el proceso que ocurre después.
Referencias normativas y documentales
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 5, 36 y 41.
- Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Artículos 8, 79, 82, 83, 254 y 303.
- Instituto Nacional Electoral (2024). Informa INE que se computaron 60 millones 115 mil 184 votos en la elección presidencial. Central Electoral.
- Instituto Nacional Electoral. Estadísticas y Conteos Censales de Participación Ciudadana. Datos Abiertos INE.
- Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Legislación Federal Vigente.
