En sesión extraordinaria urgente, el Congreso del Estado de Sonora aprobó por mayoría dos minutas remitidas por el Congreso de la Unión, relacionadas con el fortalecimiento de la soberanía nacional en materia electoral y con reformas a la organización y funcionamiento del Poder Judicial en México.
La diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) dio lectura al acuerdo que contiene la minuta de reforma constitucional en materia del Poder Judicial, remitida por el Senado de la República, la cual contempla ajustes técnicos, organizacionales y electorales orientados a fortalecer la implementación de la reforma judicial aprobada en 2024, así como a brindar mayor certeza y eficiencia al nuevo modelo de elección popular de personas juzgadoras.
Entre las modificaciones destacan la homologación de criterios para la evaluación y selección de aspirantes, la creación de una Comisión Coordinadora de los Comités de Evaluación, la reducción del número de candidaturas, la simplificación de las boletas electorales y el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar la paridad de género. Asimismo, se incorporan disposiciones relativas a vacantes, licencias y sustituciones, así como esquemas de capacitación y evaluación del desempeño judicial.
La legisladora señaló que la minuta también propone que las elecciones judiciales federales y locales se celebren de manera concurrente el primer domingo de junio de 2028, con el propósito de reducir costos y facilitar la organización de los procesos electorales.
Posteriormente, la diputada Ernestina Castro Valenzuela (Morena) dio lectura al acuerdo correspondiente a la minuta que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de establecer como causal de nulidad electoral la intervención o injerencia extranjera en los procesos electorales.
La propuesta, explicó, fortalece la soberanía nacional y garantiza que la renovación de los poderes públicos se lleve a cabo mediante elecciones libres, auténticas y sin influencia externa, al incorporar al texto constitucional la posibilidad de anular una elección cuando se acrediten actos de intervención extranjera que incidan en sus resultados.
